Hace unos días nos enteramos a través de despachos informativos que el gobierno mexicano se dispone a comprar armamento militar a los Estados Unidos de América por un total de 98.4 millones de dólares (equivalentes a mil 968 millones de pesos) para el combate al crimen organizado y para reforzar la seguridad nacional. Entre las adquisiciones destacan misiles RGM-84L, Harpoon Block II, misiles tácticos Block II Rolling Airframe Missile (RAM) y torpedos ligeros and MK 54 Mod 0.
La pregunta al respecto es para qué gastar tantos millones de pesos en la compra de armas cuando los responsables de la seguridad pública han demostrado abierta incapacidad para enfrentar, contener y vencer a los grupos del crimen organizado que se han apoderado de amplias franjas del territorio nacional sin que haya nadie que les ponga un alto, ya que estos operan bajo el manto protector de autoridades de alto, pero muy alto nivel.
Un ejemplo del fracaso de la estrategia del gobierno del presidente priista Enrique Peña Nieto en contra de las bandas criminales que controlan la producción, traslado y venta de drogas en el país y en el extranjero, así como crímenes de alto impacto tales como secuestro, trata de blancas, extorsión y cobro de piso, es el “levantón” en contra de dos elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) por integrantes del cártel Jalisco nueva generación (CJNG) el pasado 5 de febrero en los límites entre Nayarit y Jalisco.
Los criminales grabaron y difundieron en las redes sociales, a manera de burla y abierto desafío al gobierno peñanietista, un video donde los dos agentes critican los operativos que el gobierno federal realiza contra la delincuencia. Los dos presuntos agentes de AIC aparecen hincados y con las manos atadas, mientras que atrás de ellos se observa a cuatro personas encapuchadas que les apuntan con armas largas.
Uno de los capturados da lectura a un mensaje en el que afirma que la Secretaría de Gobernación les dio órdenes de hacer detenciones arbitrarias y desaparecer a narcotraficantes.
Asimismo, acusa que “el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, el general Salvador Cienfuegos y el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, han dado la orden a todas las dependencias de gobierno, en especial al grupo de investigación de la SEIDO, Ejército y Marina, que hagan negativa toda captura de cualquier objetivo, sea o no sea delincuente, y desaparecer todo rastro de las operaciones que realicemos, así como permiso abierto de hacer lo que queramos con ellos, que es lo que hemos estado haciendo en conjunto con la Marina”.
Los presuntos restos mortales de los dos agentes de la AIC ya aparecieron y solo falta confirmar si corresponden a los de los elemento Octavio Martínez Quiroz, de 26 años, y Alfonso Hernández Villavicencio, de 28, adscritos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
El abierto desafío de las bandas criminales al gobierno de Peña Nieto pone en tela de juicio la compra del armamento militar a los Estados Unidos de América, pues la pregunta que surge al respecto es: ¿Para qué invertir tantos millones de pesos en armas si el gobierno mexicanos no cuenta ni con inteligencia ni con personal debidamente capacitados para combatir a los grupos de la delincuencia organizada?
Cada año los diputados federales destinan millones y millones de pesos para invertir en seguridad pública, sin embargo no se justifica ese millonario gasto porque simplemente no hay resultados evidentes que demuestren que el combate a la delincuencia organizada es efectivo, al contrario, cada vez nos enteramos de los nexos y complicidades entre criminales y autoridades en perjuicio de los ciudadanos.
Así que la compra del armamento y torpedos a Estados Unidos para el combate al crimen organizado, que incluye municiones y entrenamiento, simplemente será una noticia más para el anecdotario, y el actual gobierno de Peña Nieto pasará a la historia como el que ha comprado armas “sin precedentes” al vecino país del norte, pues hasta ahora ha gastado más de 3 mil millones de dólares.
La situación de la inseguridad pública en México no cambiará con la compra millonaria de armamento a los Estados Unidos, sino hasta que haya una profunda “limpia” en los cuerpos de seguridad pública y de inteligencia en los tres órdenes de gobierno –federal, estatal y municipal–, y hasta que haya servidores públicos íntegros y honestos que no sucumban ante los cañonazos de dólares de parte de los grupos delincuenciales que hoy controlan gran parte del país.

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