En el México de acá abajo se dice que los hijos deben sepultar a sus padres al morir, es la ley de vida y la mejor forma de arañarle el traje a la ingrata muerte. Cuando sucede lo contrario, la familia que llora la pérdida camina por mucho tiempo ausente, con una pesada carga de preguntas a cuestas por la partida del ser querido.
Peor aún, cuando los hijos e hijas mueren siendo niños o jóvenes, un poco o mucho de la vida se nos va con ellos. Ni una sola línea aquí escrita podría explicar el profundo dolor que sienten los padres de un hijo desaparecido, violentado, secuestrado y asesinado.
En los últimos días en Hidalgo se han reportado algunos casos de desapariciones forzadas, asesinatos de adolescentes y de mujeres jóvenes. Al respecto, cabría hacerse varias interrogantes: ¿Quiénes son los responsables?, ¿la descomposición social y su pérdida de valores?, ¿los gobernantes y sus estrategias fallidas de seguridad?, ¿la sociedad en general con su complicidad y apatía?
Varios funcionarios insistirán que se trata de casos aislados y que ese tipo de delitos no es causa de preocupación para nuestra entidad. Sin embargo, demos el beneficio de la duda y supongamos que se trata de eventos fortuitos; con mucha mayor razón debería de ser prioridad mantener las cifras mínimas de inseguridad que tanto se alardea en medios.
Pero, por otro lado, si se trata de una crisis de seguridad, la autoridad debería considerar que ese tipo de violencia comienza con eventos aislados, intermitentes, hasta llegar a la normalización y volviéndose parte de la vida cotidiana de la ciudadanía. Con desfortuna la experiencia histórica de otros países latinoamericanos nos demuestra que la autoridad solo hará caso cuando la oleada de inseguridad toque a su puerta, cuando los secuestrados y los muertos sean los hijos de la clase política y económica de este país.

Diversificación de la renta criminal

En fechas recientes causó indignación el secuestro y asesinato de un jovencito de 16 años, originario del Valle del Mezquital. Para que ese hecho no se vuelva a repetir la autoridad (estatal y federal) deberá explicar a la familia y a la opinión pública la aplicación de los protocolos utilizados y que buscaron evitar a toda costa la muerte de la víctima, desde el primer reporte, el proceso de negociación y toda la labor de inteligencia realizado entre las agencias de seguridad que intervinieron. Los ciudadanos deben tener certeza de que tienen corporaciones de seguridad profesionales, de lo contrario, la separación con la autoridad será cada vez mayor y la legitimidad institucional será difícil de recobrar en el corto plazo, expresada muchas veces en la toma de justicia tumultuaria por propia mano.
Todo ciudadano víctima del secuestro y la extorsión debe ser atendido por igual. En toda sociedad que se dice ser democrática, la prevención y contención del delito, así como la procuración de justicia debe aplicarse sin distingo de clase social o ideología, porque al final del día todos contribuyen con sus impuestos para que las instituciones públicas funcionen.
El secuestro y la extorsión están incrementando y no sería descabellado pensar que se trata de una diversificación de actividades de la delincuencia, que al ver mermadas sus ganancias por las medidas gubernamentales de choque frontal contra algunos delitos, del robo de combustible por ejemplo, ahora estén ensayando otras fuentes de aprovisionamiento de renta criminal.
A nadie conviene un estado convulso por el delito, por lo que todos somos responsables de contribuir desde nuestras trincheras con la prevención de este flagelo. Nuestros hijos serán víctimas o beneficiarios de las medidas que tomemos en el corto plazo, por lo que en estos tiempos no vale ni la indiferencia, ni la apatía, sino la participación activa de la sociedad organizada. Es el tiempo de la ciudadanía.

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