La Secretaría de la Función Pública (SFP) prohibió a la Procuraduría General de la República (PGR), dependencias de la administración federal y gobiernos de entidades federativas, aceptar propuestas o celebrar contratos con el Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo (SRTVH) por un plazo de tres meses. Esto es consecuencia de las irregularidades que encontró en la cuenta pública 2015 la ASEH y que supone la probable malversación de 601 millones de pesos en el Sistema de Radio y Televisión, provenientes de tres convenios con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Esta resolución de la SFP es consecuencia de una acción administrativa dentro de la administración del exgobernador Francisco Olvera, y más precisamente bajo las órdenes de Sergio Islas Olvera, exdirector del SRTVH, sobre quien pesa una investigación por el delito de negociaciones indebidas por 77 millones de pesos. Si bien esto es un efecto colateral de la cuestionada administración olverista, el efecto mancha la gestión del actual gobernador Omar Fayad Meneses, cuyo gobierno, a través de un comunicado de prensa, se apresuró a aclarar que su antecesor no notificó de la denuncia, “por lo que en ausencia de la presentación de pruebas, ello derivó en la resolución dictada en el expediente de sanción con número SANC.001.2017 del primero de septiembre de este año, y por el cual se impone una multa de 150 mil pesos”. Con esto, el gobierno estatal salió a aclarar que se vio imposibilitado de responder oportunamente, pero anunció que hay un periodo de 15 días para impugnar la resolución de la SFP, “por lo que en los próximos días habrá de definir la estrategia de apelación”. Así las cosas, la administración Fayad aún debe cargar con los muertos que le dejó Olvera bajo la alfombra. La pregunta es: ¿cuántos asuntos más saltarán de aquí a que termine la administración actual? Recordemos que hay varias investigaciones en curso sobre un presunto mal uso de recursos públicos en la administración olverista. De filón. Las cifras, por sí solas, no nos dicen mucho. Decir que, según cifras oficiales, van 85 feminicidios en Hidalgo desde que se tipificó el delito en 2013 no nos da una idea de la dimensión del problema. Faltaría escuchar las historias de esas mujeres a quienes no supimos proteger ni como Estado ni como sociedad.

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