El modelo económico vigente es incapaz de garantizar empleo e ingreso decoroso a la inmensa mayoría de los mexicanos, los deja en el olvido sin solución alguna, abandonados a su suerte, y desesperados; dice el gobierno que son 55 por ciento de los mexicanos; otros estiman más de 100 millones en pobreza. Empezando por los pobres del campo. A pesar de la intención distributiva original de la reforma agraria, hoy en día un amplio sector de los campesinos no puede vivir de sus parcelas. Pongamos como ejemplo los productores de maíz, alrededor de 3.2 millones, 92 por ciento de los cuales (2.9 millones) posee predios menores de cinco hectáreas, muchas veces de temporal, con una sola cosecha. Si consideramos un rendimiento promedio, en ese tamaño de parcela, de 1.5 toneladas por hectárea, tenemos que con un máximo de 7.5 toneladas de maíz debe vivir una familia. A un precio por tonelada, pongamos de 3 mil 800 pesos, habría un ingreso familiar bruto de 28 mil 500 al año, aproximadamente. Y tomando en cuenta que, según el Inegi, cada familia rural tiene 4.5 integrantes, a cada uno corresponderían (en todo el año) 6 mil 333 pesos, 17 pesos diarios. Y téngase en cuenta que aquí no hemos descontado los costos incurridos, solo hablamos del ingreso bruto, con lo que el ingreso real quizá caiga a la mitad o dos tercios de la cifra anterior. Imposible que una familia viva de la parcela; esto obviamente empuja a abandonar el campo o a buscar otras alternativas de ingreso; emigrar a la ciudad o a Estados Unidos se muestra como salida, o espejismo de salida.
En las ciudades el desempleo es muy alto, aunque las cifras oficiales, burdamente, pretendan minimizarlo. Por ejemplo, para estimar la tasa de desempleo abierta, el Inegi considera como empleado a quien trabajó ¡al menos una hora en la semana de referencia! y si un desempleado no buscó trabajo activamente, estadísticamente no es desempleado; tampoco se incluye a los subempleados; además, hay 7.5 millones de ninis, jóvenes en edad universitaria que ni estudian ni trabajan. Pero los “afortunados” que tienen empleo pasan las de Caín, pues, según la OCDE, en México se laboran los jornales más prolongados de todo ese grupo de naciones y se perciben los salarios más bajos, a pesar del discurso oficial que casi beatifica como benefactoras del pueblo a empresas “que generan empleos”.
Como alternativas, falsas alternativas, para los excluidos de la economía, el modelo ofrece tres “soluciones”. La primera es la emigración; dicho sea de paso, por eso tanta preocupación por quién gane las elecciones en Estados Unidos, pues se busca allá el remedio a un mal cuya causa y, consecuentemente, cuya solución, están aquí. Pero cada día se torna más inviable esa alternativa, tradicional desfogue para el “exceso de población” (exceso de acuerdo con las necesidades del capital), pues Estados Unidos no termina de recuperarse de la crisis de 2008 que se ha vuelto crónica; la tasa de desempleo allá sigue por encima de la registrada en 2007, y la reactivación sencillamente no llega. Así se explica la fuerza que allá cobran la xenofobia y el proteccionismo económico. Esta puerta, pues, es cada día menos transitable y ello amenaza con exacerbar las contradicciones económicas, sociales y políticas de nuestro país, presionando por una solución a las mismas.
La segunda falsa salida es que los pobres, sobre todo sus hijos jóvenes egresados de las universidades, se hagan “emprendedores” y creen una micro o pequeña empresa para sobrevivir y “ser sus propios jefes”, pero parece que tampoco por aquí se llega muy lejos. El Economista (26 de septiembre de 2016) reporta datos de la consultora Grupo FIGA: “En México, 80 por ciento de las pequeñas y medianas empresas cierra al primer año de operaciones debido a falta de previsión financiera y por problemas de administración”. El Financiero (18 de enero de 2016) apunta que 75 por ciento de los “emprendimientos” cierran operaciones al concluir el segundo año de existencia. La mortandad de Pymes en México es mucho mayor que en Colombia, Brasil y Estados Unidos. La causa, se dice, es la falta de financiamiento y de ingresos para cubrir costos. Tampoco por esa vía pueden insertarse los pobres, avasallados por la ineluctable ley general de la acumulación, del capital, que no es democrático ni distributivo y cuyos efectos solo pueden atenuarse o ralentizarse. La tercera salida falsa como estrategia de sobrevivencia para los excluidos es el sector informal, el ambulantaje, donde trabaja 58 por ciento de la población ocupada, pero el ingreso ahí es incierto y en la inmensa mayoría muy precario, además de que los “empleados” en él no pueden disfrutar de derechos laborales, a lo que se agrega la constante persecución de las autoridades, que los expulsan del centro de las ciudades por “hacer competencia desleal” al comercio establecido y por “afear” el paisaje urbano.
Al encontrar todas las puertas cerradas, muchos de los marginados del sistema han seguido el camino de la delincuencia, que tampoco es solución, pues no ofrece una alternativa de progreso constructiva, viable y socialmente solidaria; a lo sumo, quizá un efímero bienestar, pero a costa de un altísimo riesgo de ir a la cárcel o morir. A manera de ejemplo, el portal CIDAC (2009) refiere que en el Estado y Ciudad de México 65 por ciento de los reos del fuero común están presos por robo: la mitad robó 5 mil pesos o menos, y una cuarta parte, 700 o menos; están ahí los pobres, los que roban por hambre. En las cárceles mexicanas hay 231 mil prisioneros, y considerando la “tasa de encarcelamiento” (número de presos por cada 100 mil habitantes), México ocupa el sexto lugar mundial (International Centre for Prison Studies, Kings College, London). El nuestro figura, pues, entre los países carcelarios.
En fin, en el modelo actual no hay alternativa para los pobres, verdaderos creadores de la riqueza, que han quedado excluidos e impedidos de obtener un ingreso estable, decoroso y seguro; es inmanente al modelo su carácter excluyente y elitista, y si las alternativas referidas son impracticables para los ciudadanos reales de este país, quedarían atrapados sin salida. Pero hay solución, difícil pero posible: cambiar el modelo por uno que, sin excluir la posibilidad de ganancia empresarial, ponga la satisfacción de las necesidades sociales en el centro del interés económico, de toda la producción y de la administración pública; un modelo verdaderamente incluyente que garantice ingreso digno y empleo a todo aquél que pueda y desee trabajar; que provea escuela, salud, vivienda digna, servicios públicos, seguridad y todo aquello a que tiene derecho un ser humano, y que nuestra economía, una de las más ricas del mundo, está en condiciones reales de ofrecer.

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