Estoy de un ¡ah! y también de un ¡uh!, que en mi caso son intensos e intensificados a su máxima expresión y mínimo entendimiento. Y es que pasan cosas alrededor mío que simplemente no entiendo: están lejos de lo que pudiera considerarse como “normal”.
Entre esas cosas de las que hablo están los precios del taxi. No me referiré a ellos como algo abstracto sino como algo muy concreto y que afecta al bolsillo de los sufridos usuarios de una forma más que notable, dramática.
Los taxistas ofertan un bien público y están sometidos a las tarifas que la autoridad les impone, sin poder poner precios a su libre albedrio so pena de perder su licencia de transporte de viajeros que aquella les concede.
El punto anterior es importante, pues si bien existen diversos tipos de taxis: de “ruta”, “de sitio”, “radio-taxis”, por usar palabras y expresiones que entendemos, todos ellos se rigen por baremos, ya sean fijos, a través de distancias precisas y determinadas, o variables, con relación a mediciones realizadas por taxímetros que cuentan el tiempo o el espacio recorrido.
Siendo que en los lugares donde está establecido el pago por ese sistema, el aparato medidor marca la tarifa a pagar por el usuario. En este sentido, la diferencia de precios se establece a través de un diferencial en la cuota inicial y en las cuotas sucesivas con respecto al tipo de taxi tomado.
Lo dicho es de sobra conocido y no necesita mayores comentarios. Se refiere a las normas tarifarias que los taxis deben seguir por ofertar, como dijimos, un servicio público de transporte concesionado regulado normativamente.
Lo ideal sería el cumplimiento estricto de la norma por parte de ese colectivo, pero desgraciadamente esto es más la excepción que la regla, siendo un servicio que suele devenir en abusos de todo tipo que remiten a la picaresca y a la mala intención. No todos los taxistas son abusivos pero sí los hay, y ello no solo en los “piratas” sino también en los “legales”.
Daré a continuación algunos ejemplos de lo más diverso. Los mismos proceden de la Ciudad de México, de Monterrey y de Pachuca. No voy a diferenciar dónde ocurrieron los sucesos que narro, pero no sería extraño que en estas y otras ciudades encontráramos prácticas similares.
Me traslado con mi mujer a un famoso hotel. El viaje de ida nos cuesta 23 pesos, pues el lugar está muy cerca. Al salir de cenar ya es noche cerrada y afuera no hay luz. No pasan taxis y tenemos que optar por tomar uno del hotel. Asómbrense, ¡nos cobra 350 pesos por hacer la misma distancia que el anterior!
Voy a un curso durante toda una semana, el cuarto día tomo un taxi a la misma hora de siempre. Me quiere cobrar 100 pesos sin poner el taxímetro, los días anteriores el mismo trayecto, con el aparato medidor, fueron 40 pesos. En otra ocasión, a la misma hora, también de siempre, me quieren cambiar la tarifa diurna por la nocturna.
Algo habitual que ocurre es que tomes un taxi en la calle, sin señalamiento ninguno que es de sitio, tampoco lo tomas en el “sitio” donde se ubican. Pues bien, te subes y te dicen que es de sitio y te dan un precio para llevarte adonde quieres ir. Claramente se trata de una irregularidad, cuando no de algo peor. Primero, no son de sitio sino que se hacen pasar como si lo fueran; segundo, si no lo tomas en el sitio sino en “ruta” no pueden cobrarte como de “sitio”, creo yo; tercero, tienen que poner el taxímetro y no cobrarte lo que se “les pegue la gana”. Otro asunto habitual es que siendo un servicio individual lo conviertan en colectivo al ir metiendo gente y más gente a la unidad, por no hablar de los taxímetros manipulados.
Un ejemplo más, me traslado del hotel a la sede de un congreso. El conserje me dice que cuesta 80 pesos, el taxista dice que la tarifa es de 100. Al día siguiente el mismo trayecto cuesta 33 pesos.
Podría seguir con muchas otras experiencias de sobreprecios con las excusas más inverosímiles y los corajes más grandes que imaginar se pueda. Creo, sin embargo, que con lo dicho es suficiente para darnos una idea de un problema de abuso sostenido y generalizado.
Es hora de que las autoridades del ramo se pongan a trabajar de veras en asuntos tan enojosos para la ciudadanía y pongan los inspectores y multas que hagan falta, así como sistemas fáciles de denuncia de los usuarios, in situ, a través de los medios de comunicación existentes. Es decir, facilitar la denuncia y la consecuencia inmediata. Todo ello para acabar con los abusos constantes que se producen y que afectan a la salud emocional y a la economía de nuestras familias.

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Doctor en ciencias políticas y sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona, maestro en análisis y gestión de la ciencia y la tecnología por la Universidad Carlos III de Madrid. Profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Autor de varios libros y artículos indexados. Columnista de Libre por convicción Independiente de Hidalgo.