En las últimas décadas la participación ciudadana ha tomado vital importancia dentro del ámbito académico. Se puede definir, de forma muy general, como el involucramiento de los gobernados en la acción pública en aras de mejorar las condiciones de bienestar social. Esta cooperación asume grados que van desde la simple consulta, pasando por la toma de decisiones hasta llegar a niveles de evaluación, donde muchos académicos consideran que es la verdadera forma de participación ciudadana.
Los instrumentos de participación pueden ser desde los simples buzones de quejas y sugerencias, colocados en las instituciones públicas, hasta mecanismos más innovadores como la consulta ciudadana y los presupuestos participativos (PP).
Los PP permiten el involucramiento ciudadano en la decisión público financiera; es decir, es un proceso a través del cual varios residentes de un municipio o ciudad participan y deciden, en colaboración con el gobierno, el destino del presupuesto público. Probablemente no planean todo el gasto, en los casos más exitosos apenas alcanza el 20 por ciento del total. Pero este proceso intenta reemplazar el estilo tradicional en el que las autoridades distribuían los recursos públicos a su discreción tratando de maximizar sus intereses particulares y negociaciones.
El origen de los PP lo podemos ubicar en Porto Alegre, Brasil, a principios de la década de 1990. Incoan en un momento en el que la ciudad presentaba una crisis financiera; por lo que los recursos presupuestales eran muy limitados, destinar su uso en actividades y rubros que tuvieran impacto en la vida de los ciudadanos era una tarea vital ¿Quiénes conocían mejor esas necesidades apremiantes? Definitivamente los ciudadanos. Por lo que su voz tenía que ser incluida en la planeación de los recursos escasos. Esta experiencia exitosa de gestión local posteriormente sirvió como referencia a nivel internacional.
En México, ha habido esfuerzos importantes por implementar los PP. El caso más actual es la Ciudad de México, aunque no tiene el nivel de participación deseado. Un caso muy emblemático lo representa Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, quien en 2011 buscó una nueva forma de administrar los recursos públicos que tuviera en cuenta por un lado la opinión de los ciudadanos y, por otro, el impacto social.
El presupuesto participativo parecía resolver ambos criterios. Brevemente, la estrategia fue la siguiente: cuando el ciudadano hiciera el pago de su impuesto predial podía elegir, de una lista de 28 preferencias, cuál era prioritaria para él. Las obras con mayor votación se financiarían con el 15 por ciento de la recaudación del predio. Aunque fueron mínimos los recursos, los ciudadanos participantes se sentían involucrados en el quehacer público y su voz parecía ser tomada en cuenta.
Dicha experiencia participativa después tuvo mejoras y fue replicada por otros municipios. Se le criticó que había sesgo en la decisión pues solo participaban los que pagaban el impuesto predial; y que el único papel del ciudadano era votar por las opciones y no tanto decidir qué elegir. A pesar de ello, no deja de ser plausible dicha experiencia en el ámbito municipal. Los presupuestos participativos no representan mecanismos perfectos son mejorables, pero en estos tiempos donde los ciudadanos desconfían ampliamente del gobierno, constituyen una forma de acercar y sintonizar las preferencias ciudadanas con la decisión pública.

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