Ayer el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo (TSJEH) Manuel Menes Llaguno dio una muy buena noticia: gracias al nuevo sistema penal la población del centro de justicia para adolescentes de Pachuca disminuyó 83 por ciento. De tener 168 internos en 2014, hoy solo hay 28, que se encuentran privados de su libertad de manera justificada pues cometieron delitos como homicidio, secuestro y violación. Quienes enfrentan delitos menores lo hacen atendiendo su proceso en libertad y con la posibilidad de que su situación sea resuelta mediante mecanismos alternos. Lo que sucede en el centro de justicia para adolescentes es muestra de que la teoría del Nuevo Sistema de Justicia Penal funciona. Recordemos que uno de los cimientos de la reforma fue, precisamente, la construcción de un mecanismo que permitiera bajar la presión a la que está sometido el sistema penitenciario nacional. Y, según las cifras que publicamos hoy, está logrando su cometido. Por esa razón, resulta pertinente lo que declaró ayer el gobernador Omar Fayad en el sentido de que, antes de construir otro centro de readaptación social, es preciso analizar si vale la pena gastar parte del erario público en más infraestructura para personas que cometieron algún delito, o si es mejor impulsar una reforma que, como sucedió con el centro de justicia para adolescentes de Pachuca, disminuya la población que vive en los Ceresos. De filón. Otro indicador que muestra una realidad paradójica es que la cifra negra en Hidalgo de delitos que no se denuncian o que no obtuvieron respuesta ante el Ministerio Público alcanzó en 2015 un promedio de 93.7 por ciento, esto es 0.9 puntos porcentuales más que en 2014, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de este año. Eso quiere decir que, por más Nuevo Sistema de Justicia Penal, las personas simplemente no confían en la impartición de justicia. Quizá por ahí tendríamos que empezar.

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