Melisa Agüero

Soy protectora animal y soy delincuente: he robado, he allanado, he amenazado y he golpeado en aras de proteger a aquel no humano y vulnerable, al ser que solo posee la vida y a quien por el solo hecho de vivir fuera de los estándares de un sociedad desarrollada sufre de indiferencia vil, de alevosía y de muerte prematura.

¿Es mi culpa haber allanado un domicilio cuando era la única posibilidad de salvar una vida ante la crueldad de un ser humano y la desatención de la autoridad responsable? ¿Es mi culpa no querer ser cómplice de la tortura que hasta puse la integridad física para salvar a un ser vulnerable al que los vacíos legales no le han dejado vivir una vida libre de violencia?

Hace unos meses la asociación Mundo Patitas visitó Mineral de la Reforma para abrir un predio en el que yacían dos perros a punto de morir de inanición. Tuvieron la suerte de encontrarse con vecinos amables, quienes los apoyaron para rescatar a los canes, pero ¿y si hubiera sido otro lugar, otro tipo de gente? Imaginemos por un momento el peor de los casos: una turba de habitantes enardecidos culpando a los protectores de secuestradores de niños, echándoles gasolina y prendiéndoles fuego.

Imaginemos un caso menos radical: los vecinos llaman a una patrulla y los detienen por allanamiento de morada, la vida del animal sigue colapsando y los activistas enfrentan la ley, la cual en efecto daría pie a merecer una pena, pues sea cual sea el fin, entrar en un domicilio ajeno sin permiso es un delito, sobre todo si al dueño se le ocurre decir que intentaron robar a los perros, pues también la ley los considera con un bien mueble. Irónico, ¿no?

Lo increíble es que los contextos son tantos, las situaciones tan diversas, que los dilemas éticos no se dan abasto. A pesar de la presión social, quienes se cuentan con la virtud de amortiguar el daño mejorando las leyes no han movido un dedo y los protectores animales siguen delinquiendo sin plan de retroceder.

En Hidalgo hemos pedido incansablemente que no solo se comparta una publicación por redes sociales que brinde un 01 800 para denunciar casos de maltrato –en el cual nunca ofrecen atención–, sino que se cree un protocolo de atención a denuncias graves o que pongan en riesgo la integridad o vida del animal maltratado, así como los protocolos que se tienen para atender a mujeres que sufren violencia extrema o menores que sufren explotación sexual o laboral.

La falta de atención documentada a través de los medios de comunicación da cuenta de nuestro esfuerzo el día que a los animalistas la suerte no nos acompañe más y caigamos en las redes legales que nos encierren por no seguir la ley. Será muy tarde, la sociedad nos señalará. El infortunio se volverá un “me divierte” en las notas periodísticas y la gente juzgará nuestro accionar en miles de comentarios en Facebook, sin pararse siquiera a pensar en lo que hemos tenido que sobrellevar durante años para seguir el compromiso de proteger los derechos de los animales. Sin contexto, pasaremos por delincuentes; y no somos ricos, no habrá dinero para detener la nota roja.

No se trata de victimizar al activista, sino de contextualizar la falta de protección que hay de parte del Estado para que pueda ejercer sus derechos humanos y su afán de defender el derecho de los otros. ¿La mujer que murió en manos de un feminicida perdió su derecho a una vida sin violencia solo porque se vistió con un escote ese día? ¿Cuándo el peatón perdió su derecho a la vida solo por no usar un puente peatonal cuando fue el Estado quien procuró invertir más en infraestructura para vehículos que en banquetas, ciclovías, rampas y pasos peatonales a ras de piso para asegurarse –aparte– de la libre movilidad de quienes no tienen la suerte de caminar con sus dos piernas? ¿Cuándo las víctimas de la explosión en Tlahuelilpan perdieron su derecho a la presunción de la inocencia solo por haber estado en la explosión de un ducto? ¿Cuándo –como dice Axel Chávez– perdieron los deudos del incidente el derecho a la no criminalización por lo que hicieron sus familiares?
Al término de 2018, muchas secretarías gubernamentales en Hidalgo aseveraron la falta de recursos para terminar el año, entre ellas la Secretaría de Seguridad Pública, la cual externó que gran parte del presupuesto había sido invertido en la lucha contra el huachicoleo, eso a pesar de que se trata de un delito federal que debe atender principalmente otra instancia.

Asimismo, los municipios hidalguenses que contabilizaron más tomas clandestinas durante 2018 advirtieron que habían atendido las denuncias a través de sus áreas de Policía, Bomberos y Protección Civil, a pesar de que muchas veces el personal de Pemex no se presentó en el lugar de la fuga, o en su defecto, llegó tarde.

Municipios como Tula y Tepeji buscaron reuniones con autoridades de Pemex para que les brindaran recursos económicos que los apoyara para atender la cantidad de tomas clandestinas que se reportaban día tras día, que así como los protectores animales que gestionamos protocolos de atención al maltrato animal, para las autoridades municipales la respuesta de Petróleos Mexicanos siempre fue ambigua y en otros casos inexistente.

La cantidad de “me divierte” en las notas que tocan el tema de la explosión en Tlahuelilpan superan los “me entristece” o los simple “me gusta”, a la sociedad le da risa y como buenos jueces –de esos que no revisan la carpeta de investigación o torturan para sacar declaraciones y aplicar la pena– se han dado a la tarea de criminalizar a cualquiera que estuviera en la zona a la hora del incidente, sin tomarse el tiempo de contextualizar una historia que nace desde las arcas del poder, desde las decisiones que tomaron hombres de cuello blanco años atrás, en las que buscaron cómo mantener la legalidad de lo ilegal para que al final quienes fueran acusados de delincuentes fuesen aquellos personajes creados por ellos mismos para distraer los verdaderos desfalcos a la empresa petrolera que no solo ha sido usada para enriquecer a la clase política mexicana, sino que a su vez le ha importado un comino vulnerar la integridad y salud de los ciudadanos, como es el caso de las cientos de tomas clandestinas que fueron reportadas el año pasado y que personal de Pemex jamás atendió de manera inmediata como la situación lo ameritaba.

¿Cuándo nos volvemos culpables si fue el Estado el que nos desprotegió primero? ¿Cuándo el Estado se preocupó por prevenir el delito si lo que hace es crear acuerdos debajo de la mesa que responden a intereses personales y no al bienestar social? En un Estado de desatención de parte de quienes deben velar por nuestro bienestar, ¿cuándo olvidamos que las leyes las hicieron aquellos que no nos querían vernos defender?

Hay que comprender que el Estado nos ha estado vulnerando, y que se ha valido de nuestra ignorancia para hacerlo, y no contento con ello, nos culpabiliza del hecho y nos expone al escrutinio social.

No se trata de victimizar a quienes robaron gasolina, sino de entender que no somos nosotros los que debemos juzgar el delito o poner una pena, tampoco se trata de que el accidente los exima de la ley, pero la descontextualización no nos da permiso de reírnos de la desgracia ajena, ni molestarnos porque se les ofrezca apoyo gubernamental para tener atención médica y asistencial para los familiares, porque aunque no estemos acostumbrados, eso es lo que debe ofrecer el Estado en esos casos, sea cual sea la circunstancia, es su deber mientras se les inculpa por un delito, pues antes que nada tienen el derecho humano a la salud, y sobre todo, a la presunción de inocencia.

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