El combate a la inseguridad es un asunto prioritario para todos los mexicanos. A la fecha ninguna corporación establecida ha dado resultados contundentes para combatir los delitos en materia de seguridad pública, federal y de crimen organizado transnacional, que no cesarán en su lógica de violencia hasta que exista la voluntad política para fortalecer las instituciones responsables.

La idea de suministrar efectivos militares a las corporaciones de seguridad civil no es algo nuevo o que se inaugure con la propuesta de la Guardia Nacional (GN) del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Desde 1999 ese mismo ejercicio se practicó con la creación de la extinta Policía federal preventiva (PFP), que en sus inicios estuvo adscrita a la Secretaría de Gobernación (SG), pero que al año siguiente, ya con el gobierno de Vicente Fox, pasó a formar parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). La estrategia resultó fallida porque ni la autoridad civil o militar involucrada en ese entonces coadyuvó en la disminución de las cifras de violencia que se contaron por miles en todos los sexenios subsecuentes.

El hecho de que el gobierno entrante le esté apostando a que el adiestramiento de la nueva corporación civil sea comandado por militares no es asunto menor. El vuelco que sufrió la propuesta inicial de la GN –de considerarse como una fuerza mayormente militar– respondió a la estrategia política de la bancada morenista para que la propuesta pasara por el Senado de la República sin ningún problema. Así sucedió el 20 de febrero de 2019, cuando se obtuvieron 127 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones por parte de los senadores.

Todas las fuerzas políticas pensaron que efectivamente había sido un triunfo de la democracia y que los contrapesos sentaron las bases para la instalación de una gran fuerza civil responsable de la seguridad pública. Se trató solo de confusiones, porque la institución nonata no es exclusivamente civil o militar, sino una mixura que cargará sus ingredientes según lo disponga el gobierno en turno y la eventual respuesta del crimen.

La propuesta de la GN tiene diversos aspectos que deben someterse a la crítica para evitar los errores del pasado que costaron a los mexicanos mucho dinero, porque se trata de instituciones que fenecen con el sexenio del mandatario en turno y que en nada han apoyado el fortalecimiento de una efectiva estrategia de seguridad pública, que no debería atender a coyunturas partidistas sino a un asunto estrictamente de Estado.

Las alertas

A continuación hacemos algunas reflexiones iniciales sobre la propuesta aprobada por los senadores y que será sometida en breve para su dictamen ante la Cámara de Diputados, por lo que nuestras posturas no son concluyentes en esta entrega editorial.

La decisión de todas la fuerzas políticas de que desapareciera de la propuesta inicial de la GN la junta de jefes de Estado Mayor y que fuera sustituida por una coordinación interinstitucional permitió el consenso unánime para eliminar toda idea de una posible militarización del país, por lo que en el plano jurídico y operacional esa máxima debe de estar muy clara para todos los involucrados.

Sin embargo, en la coyuntura de percepción de corrupción de las corporaciones de seguridad civil del país no se avizora alguna instancia capaz de conducir a la GN que en el seno de sus entrañas tendrá efectivos militares. Entonces, como reza la filosofía popular, “para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo”, se prevé que sea el mismo Ejército quien se responsabilice de esa gran tarea por ser una de las instituciones que goza de la mejor percepción frente a la ciudadanía. En esa lógica, no resultará extraño que el presidente AMLO opte por un perfil militar que legitimará a lo largo de todo el proceso de edición de leyes de la GN en los próximos meses y que los civiles deberán estar atentos para generar los contrapesos que eviten una desordenada escalada de militarización del país.

Por otra parte, la GN será de carácter civil (pero compuesta con efectivos militares) y se tendrán entre 60 y 90 días para expedir las leyes para su ejecución, incluyendo el plazo de cinco años que tendrán las fuerzas armadas para tener certeza legal sobre su participación en las tareas de seguridad pública.

En aproximadamente medio año se formalizará y pondrá en marcha la GN, tiempo en el que el país entero estará en el impase administrativo y a merced de los delincuentes que están acostumbrados a una renta criminal y que buscarán a costa de la vida de quien fuere. Mientras tanto, el Ejecutivo en turno deberá comunicar claramente la estrategia, acción que evitará muchas muertes.

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