Ayer inició un ejercicio inédito en la historia reciente del país: la consulta nacional sobre el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), ampliamente cuestionada por los poderes fácticos. La primera jornada tuvo un positivo despegue en Pachuca, Ixmiquilpan y Tulancingo, tres de los 11 municipios elegidos para la encuesta en la entidad. Hubo confusión sobre el proceso y desconocimiento, pero al final la afluencia fue aceptable. La consulta arrancó en medio de críticas por su vulnerabilidad: aunque los organizadores aseguraron que no ocurriría, trascendió en medios de comunicación que finalmente sí se puede votar en más de una ocasión. Un error que para algunos sectores antagonistas al proyecto de Santa Lucía, y con fundada razón, sesga el espíritu del ejercicio y sus resultados, de los cuales penden miles de millones de pesos y la estabilidad económica del país para los próximos años. Se trata de un primer ejercicio que emana de la incipiente democracia mexicana. Durante el próximo sexenio, que iniciará en 35 días, veremos seguramente muchas más consultas de este tipo. El megaproyecto como el Tren Maya y las refinerías estarán sujetas a la participación de la sociedad, a través de foros y debates, como adelantó hace unos días el futuro titular de la Sedatu, Román Meyer. Lo anterior representa un proceder gubernamental nunca antes visto en la historia reciente del país y que claramente genera nerviosismo entre aquellos que ven vulnerados sus intereses personales. Se acabó, al menos por los siguientes seis años, la política de oídos sordos por parte del gobierno hacia las demandas ciudadanas. La consulta para definir el destino del nuevo aeropuerto está hecha a base de prueba y error, aunque ciertamente la inversión que está en juego amerita seriedad. Por ello, urge un revulsivo para los severos problemas de comunicación que muestra el equipo de transición para mantener de pie la democracia participativa venidera. Por ejemplo, el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes Javier Jiménez Espriú presentó un estudio basado supuestamente en documentación otorgada por Grupo Riobóo, que valida la alternativa de operar simultáneamente Santa Lucía y el AICM; ayer la consultora se deslindó del dictamen. Lo peor que puede hacer el gobierno entrante, como también han advertido los opositores a Santa Lucía, es que se trate de imponer una obra aeroportuaria, la más grande de los últimos años en México, a capricho. De filón. Miles de pesos es lo que cuesta al sector empresarial de Hidalgo tomar medidas preventivas para evitar ser víctimas de la delincuencia, una muestra más de nuestro endeble Estado de Derecho.

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