María Valeria Judith Montoya García

Uno de los temas que más ha llamado la atención en tiempos recientes es el nivel tan bajo al que han llegado los salarios en México. Desde 1976, el salario mínimo ha perdido cerca de 75 por ciento de su poder adquisitivo, es decir, que en dicho año se ganaba alrededor de 350 pesos (a valores actuales) en contraste con los 88 pesos por jornada de ocho horas que se obtienen en 2018. Entre las causas del deterioro salarial se encuentran las reformas económicas aplicadas en la década de 1980, en las que se usó las bajas remuneraciones laborales como mecanismo para la atracción de inversión extranjera directa y como ancla para la inflación.

Los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que solo una parte de los trabajadores obtiene un salario mínimo, pero los datos están lejos de ser alentadores. Cerca de 14.5 por ciento de la población ocupada recibe la cantidad mencionada en tanto que únicamente 5.3 por ciento obtiene más de cinco salarios mínimos. Un grupo particular son aquellos que no reciben ingresos por sus actividades, que alcanza la cantidad de seis por cada 100 ocupados. Cabe señalar que las bajas remuneraciones afectan en mayor medida a grupos específicos de la población como a las mujeres y a los jóvenes, y que el tema se relaciona directamente con la informalidad laboral.

Aunque las remuneraciones pueden verse como un pago a las actividades económicas que realizan los individuos, tienen implicaciones sociales de alcance más profundo. En el país, el trabajo es la principal fuente de recursos para casi el total de las familias e incide directamente en sus condiciones de vida y de la población en general. Según datos extraídos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), 65 por ciento de los ingresos totales (monetarios y no monetarios) de los hogares provienen de la venta de la fuerza laboral, porcentaje que aumenta a 80 por ciento si se consideran únicamente las entradas en forma de dinero. Debido al bajo nivel de los ingresos laborales existentes en el país, junto con las condiciones económicas y sociales adversas que han imperado en los últimos años, muchas familias han perpetuado su situación de pobreza o han caído en ella.

Estudios realizados por distintas instituciones como el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México y por el Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana de Puebla, han señalado que los ingresos laborales son insuficientes para cubrir las necesidades materiales de una familia promedio. Incluso el Observatorio de Salarios en 2016 reveló que se requeriría que el salario mínimo mensual fuera de 16 mil 400 pesos para atender el mandato constitucional, en el que se señala que debe ser suficiente para que un jefe de familia satisfaga las necesidades familiares en el orden material, social, cultural, así como proveer de educación a los hijos.

A partir de lo presentado en los párrafos anteriores, se afirma que la recuperación del salario mínimo es un tema que debe ser prioritario para el gobierno que tomará posesión el próximo primero de diciembre. Aunque en años anteriores se establecieron aumentos mayores a la inflación, los intentos fueron inútiles ante el alto incremento de los combustibles que se ha registrado desde 2017 y de otros productos que conforman la canasta básica.

Por lo tanto, es necesario que surja un verdadero debate entre representantes empresariales, del gobierno, la academia y la sociedad civil que permita establecer mecanismos que conduzcan a su recuperación gradual y paulatina. En este debate es urgente que se abandone la idea de que todo aumento salarial en automático tiene un impacto directo en la inflación, debido a que ha sido uno de los principales argumentos que se han dado desde distintos sectores para mantener estancado el salario mínimo. También deben considerarse otros aspectos que permitan integrar a una gran parte de trabajadores al empleo formal, así como el rumbo que debe llevar la economía nacional de modo que permita generar empleos de calidad, es decir, se requiere el planteamiento de una política laboral integral.

Se está ante una oportunidad que no puede ser desperdiciada. No estamos en condiciones de esperar otros seis años para ver si el gobierno siguiente tiene una voluntad real de mejorar los niveles de vida de los mexicanos. Se está ante un momento histórico en el que una gran parte de los ciudadanos eligió a un candidato a la presidencia que mostró interés por formar un gobierno “del pueblo, para el pueblo y por el pueblo”. Si no se aprovecha esa ventana de oportunidad, se estaría condenando a toda una generación a los bajos salarios y, por lo tanto, a la pobreza.

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