A contracorriente del Acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar, que presentó el presidente Enrique Peña el lunes, ayer la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) presentó una propuesta que calificaron como “real” y que implicaría, por ejemplo, reducir el presupuesto gastado ineficientemente en programas sociales. Según el cálculo ofrecido por la Coparmex, a través de su presidente estatal Sergio Baños Rubio, si tan solo se eliminaran 37 programas sociales que la Coneval detectó como duplicados, los mexicanos nos ahorraríamos alrededor de 200 mil millones de pesos. Esa cantidad es cercana a lo que el gobierno federal planea captar a través del cobro del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) por concepto de combustibles automotrices, del cual esperan obtener 284 mil 432 millones de pesos mediante el cobro de 4.16 pesos por litro por concepto de IEPS, más 16 por ciento de impuesto al valor agregado (IVA). Es decir, si son ciertos los cálculos de la Coparmex, no habría sido necesario provocar la actual revuelta social si el gobierno y los legisladores se pusieran a hacer un análisis serio al momento de planear el presupuesto. Si así lo hicieran, ya no habría duplicación en el número de beneficiarios de programas sociales, análisis que por cierto, ya hizo el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). ¿Entonces? ¿O más bien tienen miedo de perder tantos millones de beneficiarios que podrían ser clave para las elecciones de 2018? De filón. El gobernador Omar Fayad advirtió que llegará hasta las últimas consecuencias para dar con los responsables de la muerte de Alan Gutiérrez y Fredy Cruz en Ixmiquilpan. “Caiga quien caiga”, dijo. Bien, estaremos pendientes que así sea. Pero le propondríamos que, antes de que ocurra otra cosa, su gobierno ponga atención porque la tensión y el riesgo de más violencia siguen latentes en esa misma región.

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