El presupuesto federal para 2017 es la expresión refinada de una austeridad antidemocrática que derivará en la postración económica y social de los mexicanos.
A pesar de que México es uno de los tres países, junto a Venezuela y Honduras, en donde más ha crecido la pobreza, según el Panorama Social de América Latina 2015, estudio realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), donde se observa que México registra una tasa de crecimiento de la pobreza de 2.9 por ciento, superior a la tasa de crecimiento promedio del PIB de 2.4 por ciento entre 2012 y 2014.
Cabe señalar que después de la caída de menos 6 por ciento en 2009, el PIB creció en 5.3 por ciento en 2010, según datos del Banco de México; pero a partir de ese año la desaceleración de la economía y por ende del crecimiento del PIB son evidentes, lo que muestra que las reformas estructurales no han podido reactivar a la economía, tratando de encontrar explicaciones en la situación de la economía global, pero ¿acaso el diseño de las reformas no debiera de tomar en cuenta esas variables?
No obstante a esa tendencia de agudización de la pobreza de la mayoría de los mexicanos se nos pretende hacer creer que el presupuesto federal para 2017 “es responsable y de aliento a la economía”. Eso es mala leche.
Veamos dos productos: el petróleo, que fue el ícono de nuestro desarrollo y de solvencia de las finanzas públicas, hoy se ve seriamente golpeado en el presupuesto de 2017, al reducirse 20.7 por ciento de su presupuesto, equivalente a más de 102 mil millones de pesos, lo que implica que de 29 pozos que se exploraron en 2016 se pase a cero y de 228 proyectos de desarrollo de pozos se pasará a 156.
Los recursos destinados a descubrir yacimientos nuevos registran una caída de 48.6 por ciento; por su parte, la producción pasará de 2.2 millones de barriles diarios en 2016 a 1.9 millones de barriles diarios en 2017.
Se despedirán a 8 mil 997 personas en 2017 como parte del recorte al presupuesto de gastos personales. Ah, pero eso sí, el salario del director de Pemex Antonio González Anaya pasará de 3 millones 186 mil pesos en 2016, a 3 millones 252 mil pesos en 2017, un incremento de 66 mil pesos, ¿por qué el incremento cuando hay ajustes?
Se habla de un descubrimiento de seis campos petroleros, ha trascendido que el descubrimiento no es tan reciente, aunque no se ha verificado su tamaño, ya se está analizando a qué trasnacional se le otorgará la concesión de su explotación; lo que está pasando con Pemex ¿acaso no es mala leche?
Por si fuera poco, el presidente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche Álvaro González denunció que Liconsa firmó en diciembre cinco contratos para importar 24 mil toneladas de leche en polvo a un precio de 2 mil 470 dólares por tonelada, cuando el promedio internacional era de mil 880 dólares, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
Por su parte, el titular de Liconsa negó que haya realizado importaciones de leche en polvo con un sobreprecio de 31 por ciento; según Liconsa es más barato importarla en polvo que comprarla en el país, pues le resulta a 3.20 pesos por litro, en caso de que la compre al productor nacional sería a 6.20 pesos por litro.
Algo está pasando en ese sector, dado que, si le sale más barato importarla, ¿por qué se incrementó el precio al consumidor a cinco pesos? Liconsa reconoce que la producción interna ha crecido en 2.4 por ciento pero se tiene que seguir importando. Según la FAO México registra un consumo per cápita de lácteos de 110 litros, cuando debe ser de 150. De ser cierto que las importaciones son con sobreprecio, sería también un acto de mala leche ¿no lo cree usted?
La inversión en I+D es la columna vertebral del crecimiento y del desarrollo, México solo invierte 0.4 por ciento de su PIB, por lo que se encuentra en el lugar 34 de 44 naciones, lo que explica su rezago tecnológico y económico.

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