Manejan donativos sin control

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Manejan donativos sin control

Las aportaciones para las fases de emergencia y reconstrucción, tras los sismos de septiembre de 2017, sumaron 3 mil 413.4 millones de pesos, sin embargo, no existe una rendición de cuentas adecuada sobre ese fondo, reveló el Senado de la República.

Un estudio realizado por el Instituto Belisario Domínguez reportó que la suma corresponde a los apoyos canalizados hasta el 5 de diciembre por la iniciativa privada y sociedad civil de México, así como por gobiernos, organizaciones y personalidades del extranjero.

“Sin embargo, no encontramos información disponible de algunas campañas de recaudación de fondos en apoyo tras los sismos, por ejemplo, las que organizaron algunos bancos”, precisó.

El documento detalló que 69.5 por ciento de los recursos corresponde a los recursos recaudados por la fundación Carlos Slim, mientras que 7.6 por ciento a las recaudaciones del fideicomiso Fuerza México y 22.9 por ciento a las donaciones de otros actores.

Indicó que la información de esas aportaciones y donaciones no se encuentra concentrada en ningún sitio en particular, por lo que fue necesario consultar diversas fuentes para ubicar las cifras.

Ante la necesidad de fomentar la transparencia, de acuerdo con el análisis, las donatarias que han efectuado aportaciones monetarias o en especie deberán brindar información detallada sobre esas contribuciones.

La Ley de Ingresos de la Federación 2018 establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá publicar antes del 30 de septiembre un reporte de las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta (ISR).

“En el reporte se deberá señalar, para cada una, los montos de los donativos obtenidos en efectivo y en especie, así como los recibidos del extranjero, entre otros datos”, explica la organización.

El estudio además indicó que la Ley General de Protección Civil establece que deberá promoverse un mecanismo ágil, transparente y efectivo de control y coordinación para que los recursos donados sean administrados y entregados en beneficio de la población afectada.

La normativa prevé que las autoridades en los diferentes órganos de gobierno determinarán los criterios de uso y destino de los donativos recibidos en casos de emergencia o desastre, debiendo rendir un informe detallado.

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