Para nadie cabe duda de que el tema de la seguridad en el país es uno de los problemas más apremiantes y complejos que enfrentamos y que demanda una pronta, rápida y eficiente solución, con resultados palpables para todos. Es una problemática que está cargada no solo de muertes violentas y asesinatos, sino también de mitos y visiones encontradas, que afectan tanto el diagnóstico de la situación como la sobre oferta desmedida de soluciones, que prometen la anhelada paz perdida.

Ya iniciado este nuevo periodo presidencial, la estrategia elegida para su plan de seguridad no deja de sembrar dudas y desconfianzas. Por eso no resulta extraño que el presidente le pida expresamente, en un exclusivo acto, a las Fuerzas Armadas que se concentren en detener la inseguridad y, al mismo tiempo, mediante decreto crea la comisión de la verdad por el caso Ayotzinapa, en presencia de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014, uno de los hechos de violencia que han marcado los últimos años en el país.

Es necesario tener presente que esa explosión de la violencia no es exclusiva de nuestro país, en realidad América Latina y el Caribe es la región más violenta del planeta, como lo confirma el reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “Crimen y violencia: un obstáculo para el desarrollo de las ciudades de América Latina y el Caribe”, que constata que de las 50 ciudades más violentas del planeta, 41 están en América Latina, mientras que cinco ciudades mexicanas (Los Cabos, Acapulco, Tijuana, La Paz y Ciudad Victoria) están entre las 10 más violentas del mundo. La tasa de homicidios es de 22 por cada 100 mil habitantes, “cuatro veces el promedio mundial”. Desde el 2000 han sido asesinados 2.5 millones de personas en Latinoamérica y el Caribe; en contraste, en México, solo en 2017, se registraron 31 mil 174 homicidios, elevando la tasa a 25 por cada 100 mil habitantes.

Esa situación de violencia generalizada tiene dos tipos de costos para la región y para cada uno de los países involucrados. Por una parte, la violencia tiene costos monetarios directos para los gobiernos, que en algunos casos alcanza varios puntos del producto interno bruto (PIB). En efecto, el mismo Banco Interamericano en su informe “Lo costos del crimen y de la violencia” estima el impacto en 16.5 millones de dólares, que significan alrededor de 0.7 por ciento del PIB en América Latina y el Caribe; caso extremo el de Honduras, que llega a 1.6 por ciento del PIB.

En el caso de México, según datos disponibles, para este año, tanto la Sedena como la Semar esperaban recibir 13 mil 501 millones de pesos, lo que elevó el gasto a 0.65 por ciento del PIB; es necesario recordar que el gasto en ciencia y tecnología no rebasa 0.5 por ciento del PIB.

Por otra parte, los costos estratégicos son altos, ya que los estados, a través de los gobiernos en turno, se ven amenazados por los grupos delictivos y emprenden una guerra frontal con ellos para evitar un derrumbe de las ya debilitadas estructuras institucionales, los resultados de esa militarización de la lucha contra el crimen organizado desata una escalada de violencia que muy pocos países son capaces de recordar en su historia reciente. Ese tipo de estrategia que involucra a parte de las Fuerzas Armadas ha tenido como resultado el aumento de la violencia, como el caso de Guatemala, El Salvador, Colombia y México, por recordar algunos, en todos ellos se señala a los gobiernos como responsables de los hechos de violencia ocurridos, en pocas palabras, por el aumento de la violencia.

La militarización como estrategia de seguridad nos ha demostrado que aumenta la violencia, aumenta el gasto militar o seguridad, aumenta la impunidad, aumentan las penas de cárcel en las nuevas reformas penales y aumentan los negocios ilícitos. Frente a las evidencias objetivas debemos reconocer que la sola militarización de la estrategia de seguridad no garantiza la paz, se debe ver más allá y generar políticas de seguridad integrales que también consideren los factores de riesgo de la violencia en sus distintos niveles, evitando que los grupos delictivos se consoliden y fortalezcan aprovechando la erosión de las estructuras sociales. Sabemos que se debe ser muy imaginativo para el diseño de esas políticas integrales, ya que hay factores de riesgo individual, del hogar y colectivo o social.

Es imperativo destinar recursos para fortalecer las estructuras sociales, para recomponer las pautas de conducta y relación entre los ciudadanos y fortalecer el orden social, con vocación de paz.

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