Ayer en este espacio hablamos sobre el papel que deben tener las instituciones cuya misión es observar que los recursos públicos sean debidamente aplicados para lo que fueron presupuestados. Dijimos que si realmente hicieran su trabajo, entonces no habría desvíos de recursos públicos, como el que actualmente investiga la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), que anda tras la pista de quienes desviaron al menos 100 millones de pesos de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH). Este diario se dio a la tarea de investigar qué encontró la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en ejercicios presupuestales pasados y detectó que hay más tela de dónde cortar en la SEPH. Por ejemplo, en 2014 la ASF encontró que la SEPH, a través del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, pagó 7 millones de pesos a empleados “con baja definitiva” o cuyas funciones no estaban relacionadas con el programa. Pero además, detectó que la SEPH utilizó indebidamente dinero de ese mismo fondo (12 millones 453 mil pesos) para pagar recargos, intereses y actualizaciones por pagos extemporáneos del Impuesto Sobre la Renta y aportaciones de seguridad social. En ese tiempo el encargado de integrar las carpetas para demostrar dónde estaba ese dinero fue el exdirector general de Recursos Financieros de la SEPH, José Antonio Turrubiarte Delgadillo, quien hoy, de acuerdo con la PGJEH, está acusado de peculado. ¿Qué quiere decir esto? Que quizá en el pasado, cuando la ASF encontró irregularidades, la procuraduría no investigaba, no integraba las pruebas suficientes para que, quien estaba señalado por no ejercer los recursos conforme a la ley, rindiera cuentas. ¿Qué pasó durante este cambio de administración gubernamental? ¿Ahora sí se dieron cuenta en la SEPH de estas irregularidades? ¿Ahora sí la PGJEH está presentando las pruebas pertinentes y contundentes? ¿Antes no se daban cuenta? De filón. Como suele ocurrir con infinidad de movimientos sociales, la resistencia contra el gasolinazo se desvió de su propósito original y ya cobró algunas víctimas colaterales no solo por el bloqueo que se prolongó más de una semana, sino por la hostilidad que continuó días después contra comerciantes y tiendas de autoservicio. Las Grutas de Tolantongo, por ejemplo, resintieron una baja de 80 por ciento de visitantes.

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