En aquellos días en que el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) era la principal organización gremial de México, agrupaciones de periodistas surgieron con la intención de defender los derechos de quienes ejercemos este oficio, aunque solo fuera epistolarmente y con excesos protagonistas que anunciaron tempranamente su desaparición, porque nunca se preocuparon por organizar, formal y legalmente, a estas representaciones.
Cuando Manuel Bartlett Díaz, entonces secretario de Gobernación erigido en Torquemada, sirvió a intereses para acallar voces como la de la revista Impacto, primero con un acto intimidatorio que incluyó la toma de las instalaciones de Publicaciones Llergo, en la colonia Industria Vallejo, de la Ciudad de México y, después, la desaparición del SNRP, hubo un elemental cómplice silencio de aquellos que invocaban respeto a la libertad de expresión y no alzaron una protesta siquiera enunciativa para abogar por un grupo importante de reporteros, fotógrafos y trabajadores de redacción del diario El Universal que fue despedido por negarse a pertenecer a un dizque “Sindicato Progresista de Trabajadores de Bienes y Servicios Justo Sierra”.
Cada cual quedó en su sitio en una lucha interna de un grupo afín a la dirección general de El Universal y el otro al SNRP. Se perdió un importante contrato colectivo frente a una embestida empresarial. Lo preocupante, es que fueron pocas, muy pocas, las voces que apoyaron a los sindicalistas derrotados y echados del diario.
Las aguas volvieron a su cauce y la década de 1980 cerró con los cambios previstos en la vida política nacional y en el ejercicio del periodismo en México, principalmente en el interior del país donde trabajar en los medios de comunicación ha implicado una suerte de sobrevivencia. No es nuevo el escenario en el que los colegas desempeñan su labor con salarios francamente miserables y desprovistos de mecanismos de protección social y legal frente a los cacicazgos primero y luego el crimen organizado.
¿Qué hacer frente a esas condiciones que llevan de la mano al miedo en el ejercicio periodístico y en los medios que viven de la publicidad que no se paga, que se regatea en esa mezquindad de quienes la contratan y luego amenazan cuando se les cobra?
Se sabía de los desaciertos, excentricidades y pillerías de Horacio Duarte Jáquez, político que cuando se hizo de la gubernatura de Chihuahua tendió una red de complicidades en cuyo tejido coqueteó y pretendió seducir a periodistas profesionales; a los gacetilleros de a cuánto la plana y dizque prístinos columnistas los llenó de publicidad y pagos bajo cuerda, pero a los más engañó y dejó endeudados porque ofrecieron sus servicios bajo promesa de pago.
Hoy es prófugo de la justicia. Y, mire usted, si Javier Corral Jurado, el gobernador que se alzó justiciero más ha comenzado a andar en esos caminos que apisona el poder y el dinero, el del erario público, lo tiene en la mira más como sujeto de venganza política, lo cierto es que se sabe hoy de esas deudas contraídas con medios de comunicación que, tal es el caso del periódico Norte de Ciudad Juárez que el domingo cerró su edición impresa, después de 27 años de editarse diariamente.
El texto firmado por el director del diario es preocupante y evidencia de hartazgo y miedo, no temor de ejercer el periodismo en tierra de nadie, a merced de sicarios, desprovisto de los recursos de protección a que está obligado a disponer el Estado a todos, todos los ciudadanos, no solo a los periodistas, so riesgo de incurrir en preferencias sectarias porque no somos los periodistas ciudadanos de excepción; somos, sí, ciudadanos con una enorme responsabilidad de informar, analizar, opinar y orientar.
Tal vez ese sea nuestro plus que a diferencia del resto de los mortales nos ofrece solitarios y hasta débiles frente al poder que se siente agredido cuando cuestionado en elemental posición del que es público pero reacciona como reptil arrinconado. Conste.

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@msanchezlimon

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