En cada año de la administración de Enrique Peña Nieto hubo menos dinero para los medios públicos federales, mientras aumentaba el dispendio de publicidad gubernamental en la radiodifusión comercial. En 2018, año electoral, no será algo muy distinto, pero al menos el proyecto de presupuesto que se presentó la semana pasada se prevé cierto aumento de recursos para la radio y la televisión públicas.
El más beneficiado será Once TV, del Instituto Politécnico Nacional (IPN). De 419 millones de pesos en 2017, ejercerá 579.5 millones de pesos en 2018, es decir, 160.5 millones de pesos adicionales. Aun así, la cantidad no se compara con el presupuesto que tuvo en 2013 y que superó los 643 millones de pesos.
El Canal 22 tendrá prácticamente el mismo presupuesto que el año pasado: 172.7 millones de pesos. En 2017 fueron 170 millones de pesos. En 2013, también tuvo su mayor presupuesto: 232 millones de pesos. Parte de este dinero fue utilizado, al igual que en Once TV, para la digitalización de su producción y transmisión de sus señales ante el apagón analógico de la televisión abierta.
De igual manera, el Instituto Mexicano de la Radio (IMER), con 18 emisoras, tendrá casi los mismos recursos en 2018: 178 millones de pesos en cifras cerradas. El año pasado fueron 173 millones de pesos. Muy lejana cantidad a los 211 millones de pesos que ejerció en el 2013.
En el caso de Radio Educación, ahora dependiente de la Secretaría de Cultura, el aumento de recursos será importante: de 76.3 millones de pesos en 2017 a 85.7 millones en 2018. Los más de 9 millones de pesos adicionales serán “oro molido” para lanzar al aire su nueva señal en la banda de FM, luego de la histórica decisión del IFT de otorgarle la frecuencia 96.5 MHz para su operación en la Ciudad de México. No obstante, ese incremento tampoco se acerca a los recursos que obtuvo en 2013: 97.7 millones de pesos.
El organismo que sí tendrá un nuevo recorte es el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), creado en el marco de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y que actualmente produce y transmite la señal “Una voz con todos” en 26 estaciones ubicadas en 22 estados del país, además de retransmitir en su red canales como TV UNAM y el Canal del Congreso. De 227 millones de pesos asignados en 2017 disminuirá a 220.2 millones en 2018.
El recorte al SPR, sin embargo, se compensa con los recursos que las dependencias le pagan para la producción de contenidos de publicidad gubernamental. Según el informe “El gasto en publicidad oficial del gobierno federal de 2013 a 2016”, elaborado por Fundar, el organismo público recibió 251.6 millones de pesos por este concepto en 2016, casi lo mismo que recibió de subsidio. Me parece mucho, pero es la información entregada al Sistema de Comunicación Social que gestiona la Secretaría de la Función Pública.
En su “Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018”, la Secretaría de Cultura, de la que dependen Canal 22 y Radio Educación, se propone “ampliar la cobertura de su señal, fortalecer los esquemas de distribución y comercialización de contenidos a nivel nacional e internacional y promover la producción de programas con contenidos culturales novedosos que lleguen a una mayor audiencia, en especial para niños y jóvenes, y que propicien la presencia de la cultura mexicana en el extranjero a partir de la producción de contenidos especiales”. No se detallan las acciones ni las metas de cobertura, pero la dependencia afirma que “la radio y televisión del sector son espacios privilegiados para la difusión del arte y la cultura”.
Tiene razón. Los medios públicos son, además, esenciales en una democracia, siempre y cuando funcionen bajo la lógica del bienestar de la sociedad y no como instrumentos del poder político, como ocurre en diversas entidades de la República mexicana. Son también indispensables para fortalecer la libertad de expresión y el derecho a la información de la ciudadanía.
Por ello, no deben ser vistos como una carga, sino como medios necesarios en una sociedad comprometida con sus obligaciones para garantizar los derechos humanos, el pluralismo y la diversidad, la inclusión, el respeto a las minorías, la equidad de género, la atención a las personas con discapacidad, así como a niñas, niños y adolescentes.
La misma OCDE así los concibe. La semana pasada comenté en este espacio que el organismo internacional recomienda en su estudio sobre telecomunicaciones y radiodifusión México 2017, que los medios públicos tengan reglas más flexibles (incluida la publicidad) para su financiamiento, independientemente del presupuesto público que asignan el gobierno federal, los gobiernos estatales y las Universidades a estos sistemas. Este fortalecimiento de los medios públicos es imprescindible, dice, para aumentar las voces en los mercados audiovisuales e insertarse en los servicios convergentes que crecen en el país.
En 2018, los medios públicos operarán una vez más con recursos insuficientes, pero eso no los exime de cumplir su función social y, ante el complejo escenario político-electoral, “tener un marcado sentido de independencia e imparcialidad, noticias con sólido respaldo, un foro para el debate público, garantizando la pluralidad de opiniones y un electorado bien informado”, como lo precisan las “buenas prácticas” que recomienda para estos medios el Consejo de la Comisión Europea de Televisión Independiente.

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