La violencia generada por el crimen organizado y las acciones gubernamentales para contenerla es un tema que ha cobrado gran relevancia en los últimos tres sexenios. El comercio ilegal de armas de fuego (mercado negro), el control de las rutas para el tráfico de drogas ilegales, la extorsión, el secuestro, el robo de combustible y las disputas intestinas de las organizaciones criminales han dejado una estela de violencia que difícilmente superaremos en el corto plazo.
La violencia asociada al crimen organizado ha impactado en todo el tejido social, estableciendo las condiciones idóneas para normalizar acciones ciudadanas (creación de autodefensas) y la firma de diversos acuerdos de cooperación internacional injerencistas en materia de seguridad (por ejemplo la Iniciativa Mérida). Todos ellos síntomas de un estado débil o capturado por el delito y la corrupción.
Es común que en cada hecho violento en México se encuentre involucrada un arma de fuego ligera o pequeña, lo que obliga en primer lugar a nuestro gobierno a generar políticas públicas para prevenir el acceso a la delincuencia y fortalecer los acuerdos de cooperación fronterizos con Estados Unidos (EU) para evitar la entrada ilegal de armas a nuestro país.
Diversas fuentes institucionales señalan que en los homicidios cometidos en México se encuentran involucradas armas compradas en armerías legalmente establecidas en el país vecino del norte, es decir, armas que se adquieren de forma legal (mercado blanco) y que al pasar nuestra frontera son adquiridos por los grupos ilegales (mercado gris).
Para tal fin, las autoridades mexicanas están obligadas a respetar las leyes nacionales y protocolos internacionales suscritos para comprar armas del exterior y vigilar su entrada. Particularmente, los compromisos internacionales establecidos en el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
A nivel nacional es necesario dar cumplimiento al artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que otorga a los ciudadanos facultades para poseer y portar armas, mientras que su reglamentación se encuentra en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y el código penal federal.

Los retos para el especialista
en comercio exterior

En las últimas dos décadas la delincuencia ha transnacionalizado y diversificado sus actividades, transformando el sistema internacional, invirtiendo las reglas, creando nuevos agentes y reconfigurando la economía internacional. Frente a ello, el experto en comercio exterior debe tener la presteza para hacer frente a los actores ilegales (o mixtos) que sobornan operaciones aduaneras, boicotean procesos logísticos y compran voluntades institucionales.
Las estadísticas oficiales (ENVE, 2016) señalan que para 2015 fueron víctimas del delito cerca de 34 por ciento de las unidades económicas del país, perdiendo cada una de ellas aproximadamente 57 mil 779 pesos anuales. Asimismo, esa misma fuente señala que el sector más afectado es el comercio ya que, en 2015, 40.7 por ciento de las unidades económicas fue víctima del delito, seguido de 31.7 por ciento en el sector industrial y, finalmente, 30.4 por ciento en el sector servicios. Frente a este panorama es más que justificado el estudio de estos actores que carcomen nuestras economías.
La comprensión de las organizaciones ilegales exige un esfuerzo de alcances epistémicos y metodológicos de largo aliento, ya que se está en presencia de agentes que evolucionan con mucho más rapidez que otros actores internacionales, no respetan convenciones institucionales y están vinculadas a un espacio territorial y temporal cambiante.
Los universitarios tenemos el compromiso profesional de generar estrategias de solución de esta problemática que afecta a todos los sectores económicos. No hay plan de desarrollo local ni nacional si no procuramos un ambiente idóneo para las inversiones, mercados de consumo y traslados seguros de las mercancías. Para eso es urgente el diálogo entre universidad, gobierno y sectores productivos, para que nosotros seamos los organizados y aventajemos a los actores ilegales.

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