Desde hace varias décadas, la desconfianza de los ciudadanos hacia las autoridades responsables de procurar e impartir justicia ha contribuido a convertir a México en un “paraíso” de impunidad, donde únicamente siete de cada 100 delitos cometidos son denunciados, pero lo más grave radica en que de cada 10 delitos denunciados apenas uno concluye ante un juez.
Las anteriores cifras se desprenden del Índice Global de Impunidad México 2017 (IGI-Mex), elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) que coloca a México en el primer lugar en América Latina y el cuarto lugar en una lista de 69 países en materia de impunidad, el cual fue presentado esta semana que concluye por su rector Luis Ernesto Derbez, exsecretario de Relaciones Exteriores durante el sexenio del panista Vicente Fox Quesada.
El estudio referido establece que el Estado mexicano es el responsable de los altos niveles de impunidad. Añade que este fenómeno es un problema de gobernanza, ya que ha rebasado a todas las instancias de gobierno.
Respecto a los resultados del Índice Global de Impunidad 2017, Ernesto Derbez expresó: “Uno puede delinquir en México y estar casi seguro que no habrá un juicio en su contra”. También, advirtió que la impunidad genera en México violencia, inseguridad y corrupción, y destacó su estrecha relación con la desigualdad que prevalece en el país, donde uno por ciento de la población tiene 40 por ciento de la riqueza.
El IGI, que desde 2015 elabora el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Udlap, considera tres elementos de medición de la impunidad: seguridad, justicia y derechos humanos. Arrojó que los mexicanos se quejan de que las dos principales razones por las que no denuncian son la pérdida de tiempo y la desconfianza en la autoridad.
En virtud de lo anterior, el estudio manifiesta que este problema requiere la atención y participación urgente de otros actores como la sociedad civil, el sector privado, la academia, medios de comunicación y organizaciones internacionales.
La impunidad alimenta la corrupción, aumenta la inseguridad y genera más violencia, observa el trabajo, mismo que advierte la necesidad de implementar un verdadero sistema de profesionalización de las instituciones de seguridad.
El estudio referido “desnuda” al Estado mexicano en materia de seguridad, procuración e impartición de justicia, que no funciona desde hace varias décadas por múltiples razones, pero principalmente por el desinterés de los gobiernos en profesionalizar el sistema de procuración e impartición de justicia, el cual está colmado de jueces y ministerios públicos “improvisados” por ser “recomendados” de influyentes.
Los cuerpos policiacos también presentan graves problemas porque la mayoría están compuestos por personal sin preparación, falta de adiestramiento y sin conocimiento mínimo de las normas para su correcta y eficaz aplicación.
Lo peor es que la mayoría de las policías municipales y federales están involucradas o de plano al servicio de la delincuencia organizada, lo cual coloca a los ciudadanos en la absoluta indefensión, ya que los responsables de preservar la seguridad de las personas y de su patrimonio son delincuentes con “charola” y adicionalmente deben someterse, en caso de presentar una denuncia, a ministerios públicos y juzgadores “incapaces”.
Todo lo anterior deriva en que México sea un auténtico “paraíso” para delinquir, situación que aprovechan no solamente los delincuentes de profesión, sino también los llamados delincuentes de “cuello blanco”, entre ellos empresarios y servidores públicos que de manera deliberada tuercen la ley para adueñarse de manera ilegal de dineros o bienes públicos.
Ejemplo de ello son los exgobernadores priistas Javier Duarte de Ochoa, César Duarte Jáquez, Humberto Moreira, Tomás Yarrington, por citar algunos, que han “desviado” fondos públicos para su beneficio personal y en detrimento de la sociedad.

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