Militarizan más; suben muertes

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Benito Jiménez / Agencia Reforma

Ciudad de México.- El despliegue militar para contener la violencia rompió récord en el sexenio de Enrique Peña Nieto… y también el número de homicidios.

En 2011, el año más violento de la gestión calderonista, fueron empleados 52 mil 690 efectivos en promedio mensual para hacer frente al crimen organizado, principalmente en Chihuahua, Nuevo León, Guerrero, Tamaulipas, Sonora y Guanajuato.

Como parte de una nueva estrategia de seguridad, la administración peñista redujo esa cifra de manera drástica en 2013 a 34 mil 529 elementos en promedio mensual, la mayoría enfocada en seis estados: Tamaulipas, Nuevo León, Guerrero, Chihuahua, Michoacán y Guanajuato.

Para 2018, ante la escalada de homicidios, la gestión peñista se vio obligada a sacar de los cuarteles a 54 mil 980 militares para intentar frenar la ola de homicidios en un mayor número de estados, de acuerdo con cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Mayo se convirtió en el mes más violento en la historia reciente de México por el número de asesinatos registrados, de acuerdo con cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Las procuradurías y fiscalías estatales iniciaron 2 mil 530 carpetas de investigación por homicidio doloso.

Antes, el mes con más delitos de ese tipo se reportó en 2011, el año más violento del sexenio pasado: fue en mayo, con 2 mil 108.

El sexenio de Calderón terminó con 102 mil 327 carpetas de investigación por homicidio doloso; mientras que con Peña Nieto se contabilizaron hasta el último día de mayo 109 mil 550.

Según información oficial de la Sedena, el grueso de la tropa ahora está en 20 entidades: Hidalgo, Estado de México, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Colima, Jalisco, Nayarit, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Quintana Roo, Chihuahua, Guanajuato, Coahuila, Querétaro y Michoacán.

Desde el sexenio de Calderón las Fuerzas Armadas han urgido al Congreso a reformar la Ley de Seguridad Interior.

Aunque desde el año 2000 la Suprema Corte de Justicia determinó que las Fuerzas Armadas pueden actuar como auxiliares de las autoridades civiles en la lucha contra la delincuencia, los soldados no cuentan con seguridad jurídica en las operaciones, donde han escalado las violaciones a los derechos humanos.

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