La igualdad de género y el combate a la trata de personas han avanzado a buen tranco en tiempos recientes, aunque persiste la misoginia abierta y aquella disfrazada de crítica dizque cobijada por la libertad de expresión; más grave, empero, aquel que encubre al tráfico de personas.
Vaya, de qué manera se explica que haya resistencias en el Legislativo que parecieran presionadas por intereses oscuros que apuestan al envió de reformas legales hacia la congeladora, porque estas se encauzan al endurecimiento de penas contra los delincuentes dedicados al tráfico y explotación de mujeres, en especial.
Tratándose de crimen organizado el fondo es una perversa industria multimillonaria que compra, vende, explota y esclaviza a mujeres, en especial porque de siempre, infortunadamente el género femenino ha sido la mercancía –y disculpe el adjetivo– de estos delincuentes.
En el otro extremo, el de los misóginos, hay quienes se escudan e invocan a la libertad de expresión para denostar y descalificar a las mujeres que se dedican a la política, que aspiran y logran espacios en el Legislativo, en el servicio público.
Por ejemplo, por ahí en Chiapas un personaje que responde al nombre de Víctor Carrillo Caloca, director de un blog denominado Tinta Fresca Periodismo y Nada Más, ha publicado que ha cuestionado, criticado y descalificado a mujeres políticas, como si la misoginia fuera un logro que se presuma.
Carrillo Caloca ha hecho de la diputada federal María Elena Orantes su objetivo de críticas de supuesta ironía. Mire usted, quien se dedica a la política sabe los terrenos que pisa y que puede ser blanco de ataques y hasta descalificaciones, pero cuando estas lindan en la campaña personal de abierta misoginia, entonces el sedicente periodista tiene otro adjetivo que lo identifica.
Y algo grave ocurre cuando un cuarteto de sujetos patea y golpea a la senadora Ana Patricia Guevara, por un supuesto incidente de tránsito que lindó en intento de homicidio.
¿Hay que esperar a endurecer las penas contra esos individuos?
Y es que, mire usted, hace dos días, en la Cámara de Diputados, me cuenta mi colega Paty Ramírez, pese a las protestas de organizaciones civiles y diputados de oposición, las comisiones unidas de derechos humanos y de justicia aprobaron el dictamen, sin cambios, de la minuta del Senado para establecer los tipos penales en materia de trata de personas, así como sus sanciones y circunstancias agravantes.
Se esperaba que el dictamen fuera llevado ayer a discusión al pleno camaral en San Lázaro; en comisiones fue avalado por 37 votos a favor del PRI, PAN, PVEM, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano, uno en contra del diputado independiente Manuel Clouthier y nueve abstenciones del PRD y Morena.
¿De qué se trata? De la reforma, adicción y derogación de diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
Además, se establecen criterios rectores en materia de prevención, atención, investigación, procesamiento y sanción para la protección integral de los derechos humanos de las víctimas. Pero resulta que esta que es minuta enviada por el Senado que, en primera instancia, la aprobó en febrero de 2014 y turnó a la Cámara de Diputados, donde se modificó y regresó a la Cámara alta, en diciembre de ese año.
Luego, dos años después, el 27 de octubre de 2016 la volvió a aprobar y la turnó de nuevo a la Cámara de Diputados de San Lázaro en noviembre, que la retornó con 22 modificaciones. Bueno, finalmente el pleno senatorial la aprobó y reenvió la minuta a la Cámara baja, donde las comisiones unidas de justicia y de derechos humanos aprobaron el documento, aunque la presidenta de la comisión especial contra la trata de personas Julieta Fernández Márquez advirtió que no hay consenso para aprobar la minuta.
Adujo que hay mucha confusión, en este momento no hay consenso y así no es factible subirlo al pleno, hay que pensar muy bien en una ley que pueda traer beneficios para todos y lo importante es que haya consensos para seguir avanzando.
La legisladora priista explicó que la comisión especial debe emitir una opinión sobre la minuta, donde se establecen los tipos penales en materia de trata de personas, sus sanciones y circunstancias agravantes. Y es que, considera que el texto que propone la Cámara alta sí tiene ventajas, pero aún persisten problemas técnicos que, dijo, podrían dejar en libertad muchos tratantes que actualmente están en la cárcel.
“No queremos retroceder, queremos legislar bien y con responsabilidad y que el carácter técnico de algunos artículos no vaya a afectar definitivamente los logros que hemos conseguido hasta ahora”, argumentó.
Es posible que la diputada priista tenga razón. Pero debe recordar que toda ley es perfectible, de forma tal que si pasaron dos años para aprobar esta reforma, cuánto más habrá que esperar para endurecer las penalidades contra los tratantes de personas.
El caso es que el tema se irá hasta febrero, en el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de la 63 Legislatura. Se cumplió la previsión del coordinador de la diputación federal priista, César Camacho Quiroz. Quedó pendiente la discusión de la Ley General Contra la Trata de Personas. Hubo acuerdo, para ello, de las bancadas del PRI, por supuesto del satélite Verde Ecologista, Nueva Alianza y Encuentro Social.
“La preocupación sustancial –adujo Camacho– radica en la posibilidad de que, de ser aprobados estos artículos en los términos que están planteados, pudieran, mediante amparo, permitirle a algunas personas privadas de su libertad, que están purgando condenas por trata de personas, alcanzar su libertad”.
La misma suerte corrió el dictamen de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura. Su discusión quedó pendiente.
Reitero. Es posible que la diputada Julieta Fernández y Camacho Quiroz tengan razón, pero alguien debió dar la pauta en este momento. Mañana habrá tiempo para pensar en otras enmiendas y complementar lo aprobado. Mañana es otro día perdido en el combate contra esos delincuentes. ¿Y los misóginos? No hay que dejarlos impunes. ¿Congeladora legislativa? Digo.

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