Después de que se reveló que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) estaba siendo investigada por supuestamente solapar a personas que se dedican al robo de combustible, la dependencia anunció cambios en áreas estratégicas. Se fueron, o más bien, “renunciaron” los subprocuradores Mario Rico Moreno, de derechos humanos, y Julio Trujillo Meneses, de procedimientos penales en la zona poniente; así como el titular de justicia restaurativa Eduardo Cabrera Valencia y el comandante de la Policía investigadora Arturo Cruz Rosales, quien, según versiones periodísticas, está bajo la lupa de la Contraloría estatal. La propia PGJEH dijo que la salida de los funcionarios fue por “motivos personales”, aunque también el procurador Raúl Arroyo expresó en entrevista la semana pasada que estaría atento a las investigaciones que llevara a cabo la Fiscalía General de la República. Sin que esté claro el motivo de la salida de los ahora exfuncionarios, es evidente que la PGJEH necesita cambios profundos, pues es clamor popular su ineficacia para resolver casos, ya no digamos comunes, sino aquellos que han cimbrado a la sociedad hidalguense. No olvidemos, por ejemplo, que no se sabe nada aún de 12 personas que desaparecieron en Huichapan el 5 de septiembre, cinco meses después. Si de ese escandoloso caso no se sabe nada, ¿qué podemos esperar de un robo a casa habitación o a un comercio…? De filón. Después del artero ataque contra Gerardo Sosa Cravioto el pasado sábado, manos anónimas, cobardes, atacaron ahora a través de la página oficial de Facebook de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). Un nivel de bajeza inaudito.

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