El abatimiento de 24 personas en Villa Unión, Coahuila, mediante varios ataques armados que iniciaron desde el domingo primero por parte del cártel del noreste (CN) es otro acto de narcoterrorismo que el gobierno rechaza calificar como tal, pues prefiere seguir aceptando que en México solo hay delincuencia organizada y no narcoterrorismo, pues trata de impedir que el gobierno de Estados Unidos (EU) intervenga en los asuntos internos del país.

Lo más grave de todo es que el gobierno de López Obrador, como es evidente, no puede con el problema de la inseguridad, pero tampoco permite que le ayuden, un signo claro de soberbia y de ceguera que ya tiene altos costos sociales, políticos y económicos, pues mientras en México no haya seguridad, tampoco habrá confianza para los inversionistas extranjeros, para quienes es claro que el gobierno está rebasado por la oleada criminal.

El primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cierra entre balaceras, muertos, impotencia oficial y una ceguera institucional que se niega a reconocer lo evidente –el desastre nacional en materia criminal–, pero que festeja con un discurso triunfalista los primeros 12 meses de gobierno como si el país estuviera en jauja, el paraíso en toda su plenitud.

Lo ocurrido en Villa Unión, Coahuila, fue otra batalla criminal que se libró entre la Policía estatal y sicarios del cártel del noreste, uno de los más violentos del país, cuyos hombres armados balacearon el palacio municipal de esa localidad, sembrando el terror entre la población. Las fuerzas del orden no tuvieron reparo en el uso de la fuerza: masacraron a varios criminales, haciendo caso omiso a la máxima presidencial de “abrazos y no balazos”, pues aplicaron todo lo contrario: “balazos y cero abrazos”.

Este hecho –tan violento como el operativo fallido de Culiacán, efectuado en octubre último– puede ser clasificado también como otro acto terrorista, pero el gobierno federal rechaza tal consideración. La secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero reconoció que en México hay delincuencia organizada, pero rechazó que haya narcoterrorismo, tema que ha generado controversia y polémica luego que el presidente de EU Donald Trump planteó que en su país los cárteles del golfo, zetas, Sinaloa y Jalisco nueva generación serán clasificados como organizaciones terroristas. Con ello, pretende diseñar una contraofensiva armada, con inteligencia de Estado, para desmantelar a estos grupos del narcotráfico. Sin embargo, el presidente López Obrador no acompañará a Trump en esta cruzada a pesar de que continúan las masacres.

Apenas hace menos de 15 días, el cártel del noreste puso de cabeza al estado de Tamaulipas: comandos armados de ese grupo criminal incendiaron vehículos, secuestraron y descuartizaron a varias personas, presuntamente rivales suyos, y causaron un verdadero estado de alarma en Nuevo Laredo –cuna del crimen–, convertido en un territorio sin ley durante varios días.

Luego, la violencia y el terror pasaron a Nuevo León, donde también perpetraron varios asesinatos y, ahora, tocó el turno al municipio de Villa Unión, Coahuila, un bastión que hasta hace no muchos años estaba bajo el dominio de los zetas, otrora brazo armado del cártel del golfo, uno de los cárteles más beligerantes del continente.

En esta demarcación se enfrentaron agentes estatales y municipales con hombres armados del cártel del noreste: entre las bajas de ambos bandos, hasta ahora, se contabilizan 24 muertos, una verdadera carnicería que el presidente no cuestionó.

Ninguna autoridad federal pudo frenar esta barbarie.

De los zetas al CN

El cártel de los zetas –fundado por Arturo Guzmán Decenas y Heriberto Lazcano Lazcano en 1997 para convertirse en el brazo armado del cártel del golfo– tuvo como principales bastiones los estados de Tamaulipas (su cuna), Nuevo León y Coahuila. Luego, sus tentáculos llegaron a Veracruz, particularmente a la zona sur –el corredor petrolero de Acayucan-Minatitlán y Coatzacoalcos–, la región más violenta del país: lleva más de una década sumida en el caos y no hay autoridad estatal ni federal que pueda pacificar ese territorio donde priva el pavor.
En Coahuila, los zetas se afincaron durante el gobierno de los hermanos Humberto y Rubén Moreira, quienes se habrían ligado al narcotráfico y, en particular, a ese cártel y convirtieron el estado en un bastión para la ejecución de todo tipo de delitos, desde narcotráfico, secuestros y extorsiones hasta tráfico de personas y lavado de dinero, por citar solo algunos de los más socorridos.

En esa época, el cártel de los zetas era encabezado por Heriberto Lazcano Lazcano, conocido como el Z-1 y/o el Lazca, un militar que causó la deserción de varias decenas de soldados de élite que se pasaron al cártel del golfo.

Antes de que Lazcano fuera presuntamente asesinado –eso sostiene la versión oficial– el cártel de los zetas se dividió y una ala importante la encabezó Miguel Ángel Treviño Morales, el Z-40, quien junto con su hermano –Omar– logró expandirse hacia el Valle de Texas, donde echaron a andar un jugoso negocio de lavado de dinero basado en la compra de caballos de carreras.

En este negocio se involucró un empresario veracruzano, Francisco Pancho Colorado, contratista de Petróleos Mexicanos y amante de los caballos y de las carreras. Solía apostar con capos como el Mayo Zambada o Lazcano hasta un millón de dólares por una justa. Colorado también fue importante financiero de campañas de candidatos priistas y panistas en Veracruz y no escatimaba recurso alguno con tal de mantenerse envuelto en la impunidad.

Cuando se vio cercado por la justicia estadunidense se entregó a las autoridades. Lo acusaron de lavado de dinero. Murió en una cárcel de Texas, según la versión oficial, de un infarto al miocardio.

Pese a estas bajas, los zetas continuaron en jauja: el Z-40 –Miguel Ángel Treviño Morales– fue detenido en Nuevo León en 2012, posteriormente Omar –su hermano– también fue capturado cuando las autoridades norteamericanas detectaron la amplia red de lavado de dinero y procedieron a su desmantelamiento.

Después, durante un enfrentamiento entre marinos y narcotraficantes, presuntamente fue abatido Heriberto Lazcano, el Lazca, cuyo cuerpo cayó perforado por las balas en la zona carbonífera de Sabinas, Coahuila.

Cuando velaban al Lazca, un comando armado se robó el cuerpo y la Marina logró rescatarlo. Surgieron dudas respecto de la identidad de Lazcano. No había parecido entre el jefe de los zetas y el cuerpo sin vida. El gobierno de Felipe Calderón entonces ofreció acreditar la identidad con exámenes de ADN que se practicarían a familiares del jefe de los zetas, pero los resultados nunca fueron dados a conocer. Todo quedó envuelto en un misterio absoluto. ¿Realmente murió Heriberto Lazcano? Nadie lo sabe. Es probable que su muerte forme parte de los secretos del Ejército mexicano, que nunca se conocerán, tal y como ocurrió con Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos.

Tras estos hechos, que terminaron con el liderazgo hegemónico de los zetas, surgió en Tamaulipas el cártel del noreste, temible y sañoso como lo fue el llamado brazo armado del cártel del golfo. Lo encabeza Juan Gerardo Treviño Chávez, sobrino de Miguel y Omar Treviño Morales.

Se trata de un narcotraficante sanguinario que no tiene límites en matar con saña. Sigue la vieja escuela de sus tíos y practica la decapitación y el descuartizamiento de sus víctimas, modalidades de muerte que pusieron de moda tanto los zetas como los kaibiles, sus aliados, surgidos del Ejército de Guatemala.

El cártel del noreste es el tercer grupo criminal más sanguinario, después de los zetas y del cártel de Jalisco nueva generación, que encabeza Nemesio Oseguera Cervantes, cuyo asiento está en la zona del occidente de la República mexicana.

El cártel del noreste no está en la lista de grupos terroristas que planteó el presidente Donald Trump para que el Congreso los clasifique como tales y, de esa forma, poder combatirlos con todos los recursos internacionales.

El gobierno de México, hasta ahora, se niega a clasificar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dice que no quiere que organismos internacionales armados desaten la violencia en el territorio nacional y se lleve a cabo un baño de sangre, aunque esto ocurra todos los días con las masacres que se efectúan en todo el país.

El mandatario prefiere seguir con su política de abrazos y no balazos, mientras en el país sigue escurriendo sangre humana por todas partes. El canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo que si los cárteles mexicanos son declarados grupos terroristas se pondría en riesgo la relación con Estados Unidos. No hay fundamento en esta percepción, pues todo lo que coadyuve en la paz del país debe ser considerado como positivo, ya que es evidente que el gobierno de la cuarta transformación no puede con la violencia del crimen organizado y/o terrorismo de los cárteles.

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