Niegan aborto a dos hidalguenses víctimas de violación

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El testimonio de ambas jóvenes fue recuperado por ambos organismos

GIRE y Amnistía Internacional presentaron la campaña #NiñasNoMadres

En México, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y Amnistía Internacional presentaron la campaña #NiñasNoMadres para dar acceso a las menores a servicios de salud para interrumpir el embarazo y disminuir índices de aborto clandestino y mortalidad materna; en el informe existen dos hidalguenses que han solicitado el acompañamiento de GIRE.
El acceso a los servicios de aborto en caso de violación aún es limitado en el país a pesar de estar reconocido en el marco jurídico nacional e internacional, explicó Regina Tamés, titular del GIRE.

En muchas ocasiones, niñas y mujeres se ven obstaculizadas para ejercer sus derechos humanos por la falta de conocimiento de parte del personal médico del marco jurídico en el que su actuación como profesionales de la salud debe enmarcarse

, detalla la campaña que respaldan más de 100 organizaciones de derechos humanos.
Agregó que es común que supongan que el acceso de una niña o mujer víctima de violación a servicios de aborto es un delito y actúan bajo esa creencia, negándolo o entorpeciéndolo, sin embargo, además de contravenir la ley, las revictimizan e incurren en violaciones de sus derechos humanos.
Tan solo en los últimos seis años han registrado 28 mil denuncias por violación a menores de 15 años, esa cifra es de representación nacional, la especialista expuso que el embarazo hace visibles las violaciones ya que una cifra negra no se denuncia.
Del total de esas denuncias a solo 8.5 por ciento le ofrecieron un método de anticoncepción de emergencia.
La campaña abarca varios países latinoamericanos, en donde el panorama es el mismo que en México.
Actualmente la NOM 46 en su reciente reforma permite que las solicitantes no presenten la denuncia por violación para tener acceso a la interrupción legal del embarazo.
Esto es permitido en todos los estados de la República mediante amparo, las asociaciones civiles son las que acompañan a las mujeres que lo solicitan.
La especialista junto con otras activistas solicitaron a los gobiernos sensibilizar al personal de salud e informar sobre esa disposición para evitar la criminalización de las mujeres.

Carmen, 13 años

Carmen fue violada por su padrastro, él la amenazó con hacerle daño a su madre si decía algo. Carmen comenzó a sentirse mal, por lo que acudió en compañía de su madre al médico, quien le informó de su embarazo. Carmen contó a su madre de la violación y acudieron a presentar una denuncia.
En el Ministerio Público no le informaron a Carmen de su derecho a interrumpir su embarazo por ser producto de violación sexual.
A pesar de ello, Carmen regresó semanas después a solicitar la interrupción ilegal del embarazo (ILE) sin embargo, el Ministerio Público le notificó que su solicitud no procedía porque su embarazo rebasaba el límite de 90 días establecido en el código penal de Hidalgo.
GIRE acompañó a Carmen y a su familia para presentar un juicio de amparo contra la actuación del Ministerio Público, así como contra el artículo 158 del código penal del estado por considerar que el establecimiento de un plazo para acceder a la ILE por violación es inconstitucional, pues vulnera el derecho a la salud y a la vida privada (autonomía reproductiva).
El amparo fue sobreseído por considerar que por no existir un embarazo no había materia de estudio, por lo cual se presentó un recurso de revisión. Por la trascendencia del recurso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso.
En mayo de 2015 se cumplió un año de la presentación de la demanda de amparo. El lento avance del proceso penal abierto por la violación y el poco interés del Estado en casos como este han hecho difícil a Carmen y a su familia recobrar el curso normal de sus vidas.
Por esa razón, Carmen y su madre manifestaron el deseo de cerrar cualquier proceso que les impidiera dejar esos acontecimientos atrás. GIRE, como su representante legal, tramitó el desistimiento del amparo ante la SCJN.

Carlota, 16 años

Carlota buscaba interrumpir el embarazo que resultó de la violación sexual que sufrió. A partir de la experiencia del caso de Carmen, en la que se sobreseyó el juicio por haberse iniciado cuando ella ya no estaba embarazada, para el caso de Carlota se decidió cambiar de estrategia y se determinó que el amparo se tramitaría de inmediato para que fuera a través del juez federal como se pudiera obtener la interrupción.
Lo que se buscó en ese caso fue que el juez se pronunciara sobre la urgencia de interrumpir el embarazo como parte de una medida cautelar para proteger a la niña.
Desafortunadamente el juez, en contravención al marco nacional e internacional de derechos de las mujeres y las niñas, negó la medida cautelar porque consideró que se vulneraría el “derecho a la vida del producto”.
También consideró que no había violación a derechos humanos al respecto del establecimiento, en el código penal local, de requisitos desproporcionados para acceder a la interrupción del embarazo producto de una violación.

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