Ayer se cumplió un año del accidente donde un globo aerostático cayó en la localidad Yolo, Acatlán, lo que provocó la muerte de tres personas, dos mujeres de apenas 21 años y el piloto que conducía el artefacto. Para no dejar pasar esta fecha como si nada hubiera pasado, familiares de las víctimas marcharon por la avenida Revolución, en Pachuca, y aprovecharon para pedir a las autoridades justicia porque, a un año de los hechos, la investigación para dar con los responsables permanece estancada. O al menos a la fecha no hay una persona que haya sido llamada a cuentas. Familiares de las víctimas expresaron a este diario su frustración porque no ha habido resultado alguno de las investigaciones. Y como suele pasar con la justicia mexicana, los familiares mejor ya se pusieron a investigar y ya tienen identificados a quienes podrían tener alguna responsabilidad en los hechos. No fue tan difícil. Para empezar, debe haber algún responsable en la dirección de aeronáutica civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); también, algún funcionario de la Secretaría de Turismo estatal y de la dirección de Protección Civil del municipio. ¿Por qué? Porque si alguno de ellos hubiera hecho su trabajo, el accidente quizá nunca habría ocurrido. Tampoco se castigó a la empresa Opera Turismo, que fue la encargada de promover y contratar a quienes ofrecieron el servicio. Se trata, este caso, de un ejemplo más de impunidad entre miles que hay en este país. De filón. Otro caso que avanza a paso veloz es el de las notarías que están en la lupa y que fueron asignadas durante la recta final de la pasada administración del gobierno estatal. Según el coordinador jurídico del estado Roberto Rico Ruiz, las 16 patentes en controversia están siendo analizadas por los juzgados de distrito en materia administrativa, aunque pronosticó que va para largo su resolución. A esperar sentados.

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