En medio del enfrentamiento que ha provocado la presentación de varias iniciativas que buscan la interrupción legal del embarazo (ILE), llama la atención el despliegue de recursos y la capacidad de movilización que tienen las organizaciones conocidas como provida.

Resulta notable que lograran, por ejemplo, juntar 70 mil firmas contra la iniciativa de despenalización y que fueran entregadas en el Congreso local por alrededor de 300 personas, algunas de ellas luciendo un enorme crucifijo en el pecho.

Además, en recientes días, esas mismas agrupaciones han contratado anuncios espectáculares sobre las principales vías de la capital hidalguense e incluso han pagado la aparición de propaganda antiaborto en las pantallas gigantes que rodean el estadio Hidalgo.

Los mensajes que promueven, por otra parte, son falaces, como ocurre con la imagen de un feto que reproducen en espectaculares y que no corresponde con el periodo de interrupción (semana 12 de gestación) que implicaría la aprobación de la reforma.

Los grupos conservadores también han irrumpido en sesiones de trabajo tanto de comisiones como del pleno, y el ejemplo más reciente ocurrió el pasado jueves, cuando decenas de simpatizantes interrumpieron la sesión a gritos e invadiendo la tribuna del recinto legislativo.

Este martes 5 de noviembre volvieron a las inmediaciones de la sede del Poder Legislativo local, donde colgaron imágenes de los legisladores que apoyan la reforma, amenazándolos con leyendas como “traicionaste al pueblo” y “hasta aquí llegó tu carrera política”.

Además, la vocera del movimiento Nancy Cordero Cázares amagó con que este jueves bloquearán algunas de las carreteras más importantes del estado para exigir que la iniciativa sea cancelada.

¿Quién o quiénes están financiando estos grupos que contratan espacios publicitarios que cuestan decenas de miles de pesos? ¿Por qué se permite que amenacen a legisladores por hacer su trabajo? ¿Permitirán las autoridades que estos grupos cierren las carreteras este próximo jueves?
Los gobiernos, tanto federal como estatal, deben garantizar que, en este caso, se respete el artículo 130 de la Constitución mexicana para evitar que grupos ligados a asociaciones religiosas secuestren la máxima tribuna del estado.

No se debe permitir que bloqueen la discusión de un tema de salud pública que en Hidalgo ya ha tenido el aval de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) y de la Secretaría de Salud estatal.

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Periodista desde hace más de una década y director del diario Libre por convicción Independiente de Hidalgo. Es licenciado en comercio exterior por la UAEH y licenciado en lengua y literaturas hispánicas por la UNAM. Colabora como articulista en el diario que dirige y también en el portal SDPnoticias.com. Fue reportero en el semanario Aljibe y Síntesis Hidalgo. Trabajó para los periodistas Ricardo Alemán y Estela Livera en un programa de investigación. En 2007 ingresó a trabajar a Bermellón, Edición e Imagen, despacho donde se desempeñó como jefe de redacción hasta 2009. Es colaborador de la editorial Elementum desde 2010.