Fue por allá en el arranque de la campaña a gobernador cuando el entonces candidato Omar Fayad Meneses aseguró que no solo presentaría su declaración 3de3, sino que incluiría a la declaración patrimonial, fiscal y de intereses los resultados de su examen toxicológico. Esto luego del reto que lanzó su otrora contrincante José Guadarrama Márquez, quien dicho sea de paso fue el único que cumplió con el requerimiento social. Pero terminaron las campañas, 62 días de proselitismo, sin que el abanderado priista cumpliera. En la edición de hoy el periodista Víctor Valera recopila una investigación sobre la fiscalización del Instituto Nacional Electoral de los excandidatos a suceder en el Poder Ejecutivo hidalguense durante sus respectivas campañas. En esta búsqueda encontró que el dueño de la empresa de publicidad impresa OPort, Sergio Baños Rubio aparece en la lista de proveedores de la pasada campaña a gobernador, con operaciones superiores a los 2 millones de pesos derivados de 14 contratos. El también presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) actualmente forma parte del equipo de transición de su amigo el gobernador electo en el área de contraloría y transparencia. Si bien es cierto que es necesaria la ciudadanización de la administración pública, resulta incómodo, y hasta cierto punto inevitable, pensar en el conflicto de intereses que pudiera generar involucrar las amistades en el ejercicio de gobierno. Pese a que la inclusión de Baños Rubio dentro de la administración pública será efímera, porque no lo vemos al frente de alguna secretaría a partir del 5 de septiembre, no resulta políticamente correcta esta acción. Aunque la determinación de incluir al empresario en esa etapa formativa del nuevo gobierno no haya sido pensada con indicios de corrupción, pago de favores o marcado amiguismo, Fayad pone el dedo sobre la llaga al nombrar como colaborador al ganador de 14 contratos de campaña. Qué podremos esperar a partir del próximo 5 de septiembre cuando ingrese la nueva administración, ¿favoritismo?, no sabemos, lo cierto es que casi siempre ha existido conflicto de intereses en la asignación de contratos, si no pregúntele a Sum Soluciones, la empresa foránea que se apunta para ganar por sexto año la millonaria licitación útiles escolares. De filón. La alcaldesa electa de Pachuca advirtió que van a revisar los contratos por parquímetros, concesión por el servicio de recolección de basura y fotomultas. Pese a que el ayuntamiento afirma que la casa está en orden, siempre hace falta una escombradita.

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