Por varios años, el titular de esta columna ha estudiado algunos procesos de violencia y criminalidad en países latinoamericanos como Colombia, Guatemala, Venezuela y Brasil.

Nuestra curva de aprendizaje en la materia nos ha llevado a identificar diversas metodologías para el análisis científico de ese fenómeno y se han analizado en el nivel empírico algunos patrones de comportamiento más o menos homogéneos de las estructuras o redes delictivas a lo largo del tiempo.

El proceso de génesis y evolución de las organizaciones criminales comienza con la participación de pequeños grupos de individuos que “ensayan” delitos menores, pero que poco a poco van escalando y conformando liderazgos para diversificar su renta criminal e implementar dispositivos de violencia que buscan disciplinar a otras organizaciones, a la sociedad y al gobierno.

Es claro que la violencia en nuestras sociedades responde a principios estructurales asociadas a la herencia clasista que ha privado en Latinoamérica y que ha sido motivada por los grupos de élites políticas o económicas que han concentrado la riqueza. Esa contradicción, por un lado, ha generado movimientos sociales contestatarios que han intentado combatir esas injusticias; pero también ha ocasionado que algunos segmentos de las sociedades más vulnerables se involucren en el crimen. En consecuencia, toda política pública que aspire a superar la violencia, en primer lugar, deberá implementar medidas para superar la pobreza y reconstruir el tejido social.

En varios estudios que hemos realizado se demuestra que la variable que más incide en ese fenómeno es la corrupción; sin embargo, la pobreza y el hartazgo ciudadano son el caldo de cultivo idóneo para una mayor escalada de violencia.

La violencia que se avecina

Nuestro país empieza a experimentar un inusitado tipo de violencia caracterizada por la supresión de las instituciones como mediadoras, ya que se prefiere el uso de la violencia como el mejor de los diálogos, lo que demuestra una descomposición social que parece ser la alerta temprana del clímax de inseguridad que se avecina.

Varias regiones en México parecen entrar en una de las facetas de violencia más peligrosas en su historia, porque ahora se están gestando sociedades criminales e individuos masa que irrumpen en la escena pública como protagonistas. Se trata de poblaciones enteras que se involucran en los delitos y que además toman la justicia por su propia mano cuando son ellos los afectados (mediante el linchamiento, por ejemplo), generando economías ilegales y de gran aceptación social. Entonces, además de los grupos delictivos tradicionales, el Estado deberá de contener a otro tipo de actores que son mucho más complicados de combatir; pueblos enteros involucrados en actividades ilegales, sociedades criminales gestadas por el histórico abandono estatal y el hartazgo ciudadano frente a la corrupción.

Se trata de comportamientos anómalos de una sociedad que no se inmuta ni le genera deudas morales o éticas (el robo de combustible, por ejemplo) porque su comportamiento está afianzado por la historia de corrupción de los funcionarios públicos, a quienes incluso se les perdona socialmente mientras que repartan parte de la riqueza ilegal entre la población o que se le permita actuar en contubernio con las corporaciones de seguridad sin ser molestado. “Roba, pero salpica o déjame robar y te salpico”, parece ser la continuidad de esa afamada frase que legitima la corrupción y contubernio en México y que muchas vidas todavía le costarán al país.

Frente a ese triste panorama, nos toca recordar las viejas anécdotas de los abuelos que daban escarmientos extremos a sus hijos o nietos involucrados en el robo, porque decían que robar era uno de los actos de mayor vergüenza pública y que no debían de permitirlo para ninguno de los suyos. “Prefiero comer con quelites y frijoles antes que robar”, era una frase con la que se sintetizaba la moral de esa época y que parece desvanecerse en el tiempo.

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