La democracia aplicada entre desiguales simplemente no puede llamarse democracia, como se confirmó nuevamente el 18 de octubre en las elecciones para renovar los 84 municipios en Hidalgo; en dicha contienda electoral operó, quizás como nunca en las últimas dos décadas, el Estado y la confabulación partidista, pues desde antes de la jornada electoral el pastel ya se había repartido; entraron al juego prácticamente todos los partidos políticos y por eso, cuando las autoridades declaran que fue una jornada electoral tranquila, sin incidentes mayores y que fue la participación ciudadana la que les dio el triunfo, guardan, en su mayoría, con honrosas excepciones, cómplice silencio.

En Hidalgo no ganó un partido en particular ni perdió otro en general, ganaron los acuerdos entre el gobierno estatal y el gobierno federal; posiblemente algunos que se sienten defraudados es porque quizás no les compartieron los acuerdos y hoy protestan, con razón, creo, que no fueron favorecidos por el “voto” o acusan fraude. Sostengo que fue una elección de Estado por lo que personalmente fui testigo y por los cientos de testimonios que confirman los hechos suscitados: *Horas antes de la jornada electoral, el INE se declara imposibilitado para poner en funciones el PREP (Programa de Resultados Preliminares) y habilita en su lugar el “Programa de Resultados Hidalgo 2020”, dejando totalmente en manos del IEE (Instituto Estatal Electoral) la conducción de la elección.

*En varios municipios las casillas fueron literalmente tomadas por porros y pistoleros: no menos de 30 sujetos se apostaron para inhibir el voto e incluso decirle al ciudadano que en esa casilla “no le tocaba votar” y operar con toda la libertad en el lugar con la presencia encubridora de la Policía estatal y de la Guardia Nacional.

*La circulación de decenas de camionetas de lujo y pickup con sujetos armados en los municipios de Pachuca, Tizayuca, Tulancingo, Tlanchinol, Nopala, entre otros, que jamás, en ningún momento fueron interceptadas e investigadas ni por la Policía estatal ni por de la Guardia Nacional, hablan claramente de la confabulación de ambas instituciones y de la operación policíaca para intimidar a la población y sobre todo obligar a los que acudían a las urnas a votar como les indicaban quienes estaban “resguardando” las casillas, y después verificar que la orden hubiera sido acatada al exigir se mostrase la respectiva foto de la boleta.

*La compra del voto, descarada y a plena luz del día. Aprovechándose de la gran necesidad de la gente, de su pobreza agudizada por la pandemia y por el abandono de las autoridades, se compró el voto al ciudadano inerme; de acuerdo al municipio y aplicando la ley de la oferta y la demanda, se pagó desde 300 a 5 mil pesos cada sufragio, también a ciencia y paciencia de la policía, que estaba allí para garantizar la seguridad de los compradores de votos, de los compradores de consciencias y dignidad.

*De acuerdo con testimonios ciudadanos que tuvieron la curiosidad de contar durante las primeras cinco horas de la jornada electoral el número de ciudadanos que acudieron a las urnas, y después compararlo con el total de votos emitidos, resultó que las cifras no coincidieron, es decir, hubo un terrible rasurado de votos, y en otras, las urnas fueron abultadas con boletas, lo que en la jerga electorera le llaman “embarazo” de urnas.

*En el caso de Pachuca, llamó extremadamente la atención, por ejemplo, que las casillas ubicadas en la zona norponiente, las boletas que tenían marcado el voto a favor del candidato del PRI, estaban marcadas con crayón rojo, cuando el crayón que tenían la casilla era negro, ¿cómo se dio el cambio de boletas? ¿La operación estaba diseñada desde que los votantes eran trasladados en los respectivos taxis contratados expresamente para ello? En otras zonas usaron crayón verde, azul o amarillo; las condiciones de la pandemia lo permitían, pues se dijo que cada ciudadano podría llevar su marcador para evitar contagiarse. Y supongamos que algunos lo hubieran hecho, ¿todos, por coincidencia, lo llevaban del mismo color? Estas son solamente algunas evidencias de lo desaseado del proceso electoral y de la intervención descarada del Estado, que no escatimó recursos ni financieros ni gansteriles para lograr su objetivo. Las posibilidades de un verdadero desarrollo para muchos hidalguenses se volvió a ir al bote de la basura; se ve claramente que al Estado le sale menos costoso emplearse a fondo en una jornada electoral que realizar las transformaciones que necesitan los municipios y asegurar el bienestar a la población materializando los derechos que otorga la Constitución, como el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, a los servicios básicos, a la comunicación, etcétera, etcétera, es decir, a una vida decorosa.

No nos confundamos, en Hidalgo no ganó el PRI ni perdió Morena; ganó el Estado, el dinero y la violencia y perdimos todos los hidalguenses que realmente queremos un país distinto, justo y equitativo. Los tiempos de la justicia social y de la verdadera democracia siguen estando lejos de las posibilidades del pueblo, mientras no se organice y no logremos educarlo para que sea el verdadero motor de dicha transformación.

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