La persecución política en México, haciendo un uso pervertido y faccioso de la ley, está volviéndose una práctica de gobierno cada vez más extendida y desembozada. Todos los ciudadanos mexicanos no afectos a la 4T, o peor aún, opositores declarados de la misma, estamos en un peligro inminente de ir a parar con nuestros huesos a una mazmorra, acusados de delitos prefabricados y graves que ameriten muchos años de cárcel.

Los diputados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) al Congreso de la Unión, cuyo sometimiento irrestricto a la voluntad del Ejecutivo federal es algo que ellos mismos pregonan a voz en cuello como timbre de orgullo, han aprobado estatutos que, como señalé en mi artículo anterior, contradicen abiertamente la Constitución general y son claramente violatorios de varios derechos fundamentales de los ciudadanos. La cosa es tan seria que, según algunos medios y articulistas de reconocida solvencia moral e intelectual, esas leyes han dado lugar a varias controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y miles de amparos interpuestos por ciudadanos que se sienten vulnerados en sus derechos. Esos recursos están en poder de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que deberá decir la última palabra al respecto.

Sin embargo, quienes tenemos conciencia del peligro no debemos sentarnos a esperar simplemente. Creo que es momento ya de unificar a todos los perjudicados, ofendidos y atropellados por el autoritarismo y las políticas desacertadas de la 4T, para iniciar una lucha conjunta en defensa de la ley y del Estado de Derecho y para demandar, además, acciones eficaces contra las tres grandes plagas del momento: el desastre económico, descontrol absoluto de la pandemia y la inseguridad rampante que amenaza la vida y seguridad de todos.

Es urgente denunciar la manipulación que se esconde tras el supuesto combate a la corrupción; explicarle al pueblo cómo, detrás de esa bandera legítima, se oculta una auténtica cacería de brujas en contra de los opositores más representativos del régimen actual; en contra de aquellos de los que recela una competencia real y peligrosa para su propósito de retener todo el poder en las elecciones de 2021. Hacerle notar qué significa haber llegado al grado de que, para conseguir la imputación directa a las cabezas que realmente interesan a la 4T, estemos recurriendo a la nefasta práctica de la justicia yanqui del “testigo protegido” y del “testigo colaborador”, que no son más que eufemismos para no llamarlos testigos de paga, testigos comprados que, naturalmente, pueden servir para cualquier cosa, menos para dar certeza jurídica a un acusado. Alguien con la soga al cuello es capaz de inculpar al santo Papa si se le garantiza con ello su propio pellejo.

Juntémonos todas las víctimas de la 4T, las reales y las potenciales; hagamos de los miles de arroyos aislados un solo y poderoso torrente que se haga escuchar por el país entero. Convoquemos, por ejemplo, a todos los que se quedaron sin apoyo con la desaparición de Prospera, Progresa y programas similares; a los que se quedaron sin el Seguro popular, es decir, sin ningún apoyo médico; a quienes perdieron las guarderías infantiles y los comedores comunitarios; a los pueblos y comunidades sin obra pública; a los ayuntamientos sin participaciones; a los campesinos que dejaron de recibir fertilizante subsidiado; a las mujeres víctimas de violencia familiar que perdieron los albergues; a las feministas; a los padres y madres de niños con cáncer; a los diabéticos que perdieron de pronto medicina y diálisis gratuitas; a los infectados con VIH que carecen de retrovirales; a médicos, médicas y trabajadores de la salud en general, sin protección adecuada y sin recursos para curar a los enfermos graves del coronavirus (Covid-19).

Suma y sigue: a quienes perdieron el empleo y todo o una parte significativa de su ingreso; a las micro, medianas y pequeñas empresas que están cerrando por falta de apoyo gubernamental; a quienes se sienten amenazados por la ley de extinción de dominio; a los empresarios amenazados de ser tratados como miembros del crimen organizado por un error en la tributación; a quienes ya se ven tras las rejas por el abuso de la prisión preventiva oficiosa; a los maestros y maestras sin plaza y con legítimo derecho a ella, a los abogados amenazados y perseguidos por ejercer su oficio en defensa de “enemigos” del gobierno; a quienes se les ha obligado a ganar menos que el presidente o a quienes han sufrido severos recortes a su salario; a quienes buscan en vano justicia y protección contra el crimen organizado; a los obreros que reclaman mejores salarios, prestaciones y verdadera libertad sindical, y no solo cambio del charro en turno. Y agréguele usted los que tenga en mente.

Especial importancia merecen los medios y los periodistas injuriados y amenazados por sus críticas a la 4T. También a ellos los debemos convocar a la unidad nacional por la justicia y la ley. Ellos saben mejor cuánto está agudizándose y poniéndose en evidencia la represión y la persecución política ante la proximidad de las elecciones de 2021; saben que los morenistas tienen miedo de perder el poder por culpa de sus terribles errores y por eso están echando mano de todo tipo de distractores y del terrorismo político para distraer la atención del público. Circo en abundancia, pero en lugar de pan, garrote vil. Hay que golpear con mano firme a los “enemigos” para someterlos o refundirlos en la cárcel de una vez por todas.

El pretexto del combate a la corrupción es muy eficaz y difícil de desenmascarar. Es eficaz porque el pueblo odia la corrupción y aplaude el castigo severo a los corruptos; y es difícil de desenmascarar porque nadie defiende a un acusado de corrupción, aunque lo sepa inocente, por temor a que lo acusen de cómplice. Así, todos contribuimos con nuestro silencio al éxito de la maniobra oficial. Y esto es particularmente relevante en el caso de los medios. Me llama la atención la facilidad con que caen en contradicciones obvias de las que parecen no darse cuenta. Por ejemplo, son ellos los que denuncian el carácter ilegal de las llamadas “filtraciones” porque, dicen, viola la secrecía de la investigación y lesiona gravemente el derecho al debido proceso. La filtración incita intencionalmente el linchamiento público del acusado para condenarlo antes que la ley e impide a los jueces, por eso, dictar libremente la sentencia que a su juicio corresponda. Resulta difícil y peligroso, en tiempos de dictadura, contradecir el veredicto popular.

Todo eso es absolutamente cierto y por eso sorprende más que sean esos mismos medios los que se apresuren a recoger y a difundir diligentemente la filtración, que saben que es siempre ilegal aunque sea cierta. ¿Tanta es la ambición por ganar la primicia o las ocho columnas? ¿No sería esperable, por elemental sindéresis, que él o los medios que reciben la filtración se negaran a publicarla en tanto no dé la cara el responsable de la misma? La segunda contradicción que registro es que, estando claros los medios y los buenos periodistas del terrible e irreparable daño (moral, material y social) que causa el linchamiento mediático, no se den cuenta (o finjan no darse cuenta) de que son ellos los que, al difundir alegremente las filtraciones, ponen en manos del público, ávido de castigo a los perpetradores de delitos particularmente odiosos, las armas indispensables para el linchamiento moral del imputado. Parecen rechazar simplemente su responsabilidad; pero ese rechazo no es suficiente para librarlos de culpa.

La tercera contradicción es la afición casi deportiva de muchos columnistas a completar con sus propias acusaciones las contenidas en la filtración; es decir, su gusto por reforzarla sumándole sus propias aportaciones y sellar con ello la suerte del acusado. Y lo más sorprendente es que ellos tampoco aportan pruebas fehacientes (salvo casos raros en que citan documentos o fuentes verificables) de sus dichos. En no pocas ocasiones, además, son los mismos medios y columnistas los que se responsabilizan de la acusación. Con igual frescura e insensibilidad que el gobierno, se arrogan el papel de fiscal, juez y verdugo con el único respaldo de una “fuente de muy alto nivel”, “personas muy cercanas” a tal o cual funcionario o testigos confiables “que pidieron el anonimato”. Eso, como lo entiende cualquiera, no demuestra absolutamente nada.

La cuarta y última contradicción es la dureza, frialdad y total falta de humanismo que muestran medios y periodistas ante el trato brutal a un acusado. No parecen conmoverse por nada; no parecen preocuparse porque un “delincuente”, un ser humano al fin y al cabo, sea maltratado como una bestia inmunda. Los periodistas parecen incapaces de meterse, siquiera por un segundo, en el pellejo de la víctima o de imaginar que algún día ellos mismos pueden hallarse en una situación parecida. Una deshumanización que procede del sentimiento de invulnerabilidad que les garantizan los poderes públicos para tenerlos de su lado. De ahí su debilidad para ejercer la crítica profunda y consecuente del régimen establecido.


Medios y periodistas actúan como modernas Penélopes: en un día destejen lo que han tejido antes con trabajo y esfuerzo. Su correcta y puntual denuncia de los vicios y los abusos de poder queda anulada con la difusión que hacen de las filtraciones ilegales; con las acusaciones sin pruebas que añaden a las del gobierno; y cuando se ponen a gritar a coro con el público asistente al circo: “¡Sangre, queremos sangre!” de condenados. Y yo me pregunto: ¿qué pasaría si lográsemos unirnos todos los hombres y mujeres buenos de este país con los medios y periodistas más poderosos e influyentes en defensa de la ley, derecho y justicia? ¿Qué maravilla de país seríamos capaces de construir entre todos? ¿Un sueño de tontos?

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