Tiene ya varios años que en el centro de la discusión pública se encuentra el alto costo de los procesos electorales en México. Reformas van y vienen, sin embargo, los presupuestos de cientos de millones de pesos siguen fluyendo desde las arcas públicas, sin que se lleve a cabo una reingeniería en la complicada maquinaria electoral. Recordemos que nuestro sistema electoral se encuentra sostenido en la desconfianza, en la sospecha del fraude. Tal era la constante hasta que, en la década de 1990, se realizó una reforma que creó al Instituto Federal Electoral (IFE) y con ello se sentaron las bases para que nuestro sistema democrático floreciera. No obstante, casi 30 años después de aquellos cambios fundamentales, ahora la discusión no se centra en la desconfianza, sino en el alto precio que implica mantener nuestra democracia. En Hidalgo este 15 de diciembre comienza el proceso electoral para renovar a los 84 ayuntamientos que conforman la geografía estatal. Y para tal efecto, el Instituto Estatal Electoral (IEE) prevé un presupuesto de alrededor de 395 millones de pesos que únicamente contemplan su operación y el gasto destinado a los partidos políticos. El presupuesto citado, dividido en función de los 2 millones de personas que conforman la lista nominal, arroja que cada voto en Hidalgo costará alrededor de 187 pesos. Y eso sin descontar que la tasa de abstención por lo regular es superior al 50 por ciento, lo que encarecería aún más el costo unitario de los sufragios. ¿Se justifica, dada la calidad de nuestra democracia, financiar elecciones que salen más caras incluso que en países desarrollados? De filón. El gobernador Omar Fayad llamó, durante reciente entrevista, a impedir que funcionarios públicos hagan de las suyas en las próximas elecciones, pues es una práctica que es duramente castigada por la ley. ¿Eso incluirá a exfuncionarios quienes llevan meses haciendo campaña bajo la máscara de una asociación civil?

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