El robo de combustible es un delito que no puede combatirse desde una sola perspectiva. Por eso, desde distintas trincheras se analizan estrategias para enfrentarlo y al menos evitar que ese cáncer se siga propagando por el ya de por sí frágil tejido social de nuestro país. En ese sentido, ayer el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma constitucional al artículo 19 que amplía a nueve delitos la prisión preventiva oficiosa. Uno de ellos es precisamente el robo de combustible, que hasta hoy no implica la comisión de una falta grave que amerite prisión preventiva oficiosa. Eso, según declaró en varias ocasiones el propio gobernador Omar Fayad, permitía que las personas acusadas por robo de combustible fueran puestas en libertad casi en automático, fenómeno que comparó con el uso de una puerta giratoria. En ese entendido, ayer se dio un primer paso para evitar que reine la impunidad en la prevalencia del robo de combustible, pero también, según observan críticos de la reforma, abrirá la puerta a que las cárceles se llenen de huachicoleros de escasos recursos económicos, no de aquellos de cuello blanco que tienen más herramientas para defenderse. ¿El agravamiento de penas será el camino para inhibir el huachicoleo? Por lo pronto, los congresos locales tienen la palabra para ver si aprueban o no la reforma que ayer avaló Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados federal. De filón. El procurador general de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) Raúl Arroyo González dijo que si hay algo qué investigar, que lo esculquen. Eso en respuesta a la versión, difundida por este diario ayer, respecto a que investigadores de la procuraduría están bajo la mira por supuestamente proteger a huachicoleros. Al respecto, el funcionario dijo que si existen indicios, las autoridades competentes deben dar cauce a las investigaciones. Quizá no sobraría que el propio Arroyo eche un vistazo a la casa que administra, no vaya a ser que encuentre algunos cadáveres bajo la alfombra.

Comentarios