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Nuevo aeropuerto del peñismo, las seis pistas de la corrupción

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El 3 de septiembre de 2014, después de su Segundo Informe de Gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto anunció en el salón Adolfo López Mateos de Los Pinos la “gran obra de su sexenio”: el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), en el terreno lacustre del viejo Lago de Texcoco. Se anunciaron 169 mil millones de pesos como costo inicial en tres etapas de construcción.
Durante los 20 meses previos al anuncio, el proyecto se negoció en el más absoluto sigilo. Ni en el Plan Nacional de Infraestructura del sexenio, ni en los anuncios de inversiones multimillonarias para la construcción de carreteras o trenes de pasajeros se incluyó la posibilidad de una nueva terminal área.
El sigilo es la esencia de la opacidad de ese faraónico proyecto. No es para menos. Desde el sexenio de Vicente Fox, el grupo Atlacomulco, comandado entonces por Arturo Montiel, invirtió millones de pesos para publicitar el nuevo aeropuerto internacional en Texcoco. El gobierno de Fox expropió 5 mil 400 hectáreas a 4 mil familias. Los comuneros de San Salvador Atenco crearon el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) para expresar su oposición al proyecto. Fueron reprimidos y estigmatizados mediáticamente con brutalidad. Los Macheteros de Atenco, les dijeron los mismos comentaristas que hoy defienden la inamovilidad del proyecto.
El sigilo y la opacidad tienen como contracara la represión. El proyecto de poder de Peña Nieto está estrechamente ligado a un acto de brutalidad policiaca y gubernamental cometido en mayo de 2006 cuando fueron reprimidos de manera violenta los comuneros de San Salvador Atenco. El saldo fue de dos jóvenes muertos, más de 30 mujeres abusadas sexualmente, cuyo caso llegó a los tribunales internacionales, y 200 detenidos. Ahí quedó sellado el estilo personal de reprimir de Peña Nieto y la importancia del NAICM.
Durante el sexenio de Felipe Calderón se “congeló” el proyecto de su antecesor, pero el director de Conagua Luis Luege Tamargo se convirtió en uno de los más firmes opositores al nuevo aeropuerto en el exlago de Texcoco, porque será más costoso y de alto riesgo en materia de seguridad hídrica.
La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) dijo que un nuevo aeropuerto en esa zona afectará al colindante lago Nabor Carrillo, ejemplo de restauración ecológica y hogar de más de 120 mil aves migratorias, incluyendo al pato canadiense en peligro de extinción.
Todas esas críticas y cuestionamientos quedaron sepultados cuando Peña Nieto anunció que se eligió el proyecto de diseño del célebre arquitecto británico Norman Foster, junto con el arquitecto mexicano Fernando Romero. El aeropuerto en Texcoco iba, y con todo: seis pistas construidas en 4 mil 430 hectáreas, con 94 puertas de contacto, que transportará a “cerca de 120 millones de pasajeros al año”, que será “uno de los tres más grandes del mundo” y se convertirá en “referencia global de sustentabilidad”.
Su costo mínimo era de 169 mil millones de pesos, de los cuales, 120 mil millones se destinarían a la construcción de la infraestructura aeroportuaria (terminal, torre de control, pistas e instalaciones auxiliares), 20 mil 500 millones de pesos se destinarían al diseñador, a la ingeniería y a la gestión de proyectos y 16 mil 400 millones a las obras hidráulicas. De aquel monto original, 98 mil millones de pesos serían aportados por recursos fiscales multinacionales y 71 mil millones de pesos por el sector privado, a través de créditos bancarios y emisiones de bonos como la famosa Fibras E (Fideicomiso de inversión en infraestructura o energía).
Hoy sabemos que 45 por ciento de los 30 mil millones de pesos, que se captaron a través de las Fibras E para el nuevo aeropuerto, provienen de las Afores de los trabajadores y 54 por ciento de los fondos de inversión y solo un por ciento de fondos internacionales, según información del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM).
La danza de las cifras y de los contratos comenzó entre 2015 y 2017, convirtiendo a la obra estelar del sexenio peñista en un modelo para armar de opacidad y de corrupción.

Las seis pistas

El escándalo generado por la oposición del candidato presidencial de Morena Andrés Manuel López Obrador por su disposición de revisar los contratos del NAICM y de replantear ese proyecto, junto con un comité técnico de 15 especialistas, tiene como precedente las siguientes “pistas” del aeropuerto:
1.- Desde septiembre de 2017, la organización México Evalúa cuestionó que el proyecto del NAICM hubiera ascendido de 169 mil a 180 mil millones de pesos (y ahora se habla de un costo de 210 mil millones de pesos) sin que existan los elementos presupuestales y evaluaciones claras para sustentar ese sobrecosto.
2.- El diputado Rafael Hernández Soriano, del PRD, presidente de la comisión de seguimiento del proyecto del aeropuerto, denunció el sobrecosto de 50 mil millones de pesos y puso como ejemplo de la opacidad y la presunta corrupción en el proyecto que el 70 por ciento de los contratos fueron adjudicados de manera directa, sin licitación.
3.- Un claro ejemplo de ese sobrecosto lo difundió, el 26 de marzo, el portal digital Aristegui Noticias. La investigación de ese sitio informativo logró documentar que existe un sobrecosto de la barda perimetral, que esa se construyó sin tener un proyecto ejecutivo (como en el Paso Exprés de Cuernavaca). La barda, construida por la Sedena y empresas fantasmas involucradas, tuvo un costo 89 por ciento mayor (como en los casos de la “Estafa maestra”).
4.- Otro ejemplo claro fue la denuncia interpuesta por la compañía portuguesa Mota Engil, encabezada por el portugués Antonio Mota, que se inconformó ante la Secretaría de la Función Pública en contra de las licitaciones que suman 160 mil millones de pesos. Su denuncia obligó al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México a publicar por primera –y única– vez la segunda licitación del techo de la terminal por 3 mil 876 millones de pesos. La compañía portuguesa tiene un largo historial de rezago en sus contratos, pero su litigio ayudó a abrir las compuertas de irregularidades que no se conocían. Incluso, varias de las compañías involucradas en el NAICM consideran que la techumbre de la nueva terminal es uno de los casos más delicados.
5.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por más de mil millones de pesos en su revisión de la cuenta pública 2016. La ASF realizó seis auditorías al GACM, la empresa de participación estatal responsable de la administración del proyecto, y encontró que se han cometido irregularidades en pagos a contratistas, gastos innecesarios en comunicación social (¿cuánto chayote se ha cultivado en estos meses de infomerciales en noticieros y comentaristas a favor del inamovible NAICM?), servicios que no se comprobaron con documentación y pagos por materiales de obra a precios fuera de mercado.
6.- La nuez de la opacidad y la corrupción es la conformación del propio GACM. El presidente del consejo de administración de esa “empresa estatal” es el propio titular de comunicaciones y transportes Gerardo Ruiz Esparza el Esteta de la corrupción de este sexenio, como lo calificó Pablo Díez Gargari, el abogado de Infraiber. Ruiz Esparza es el “responsable del financiamiento y la construcción de la nueva terminal área de la Ciudad de México”. Ahí está la principal pista que puede descarrilar todo el proyecto faraónico del grupo Atlacomulco.

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