Después de que el Sistema Nacional de Seguridad Pública reveló que el mes más violento del que se tenga registro en el país fue el pasado mayo, (en todo el territorio nacional iniciaron 2 mil 186 carpetas de investigación por homicidio doloso), es necesario buscar explicaciones a tan desesperanzadora realidad. Durante su visita ayer a Pachuca, el comisionado Nacional de Seguridad Renato Sales Heredia atribuyó la ola de violencia a una falla en el Nuevo Sistema de Justicia Penal. Sostuvo que poner en libertad a personas detenidas por portación de armas, e intentar que sigan su proceso en prisión preventiva, “ha incidido en el incremento de homicidios”. Por tanto, planteó el funcionario federal, es necesario hacer reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y al código nacional de procedimientos penales “para posibilitar que esas personas sigan su proceso en prisión preventiva de oficio”. Se trata de un razonamiento parcial que de ninguna manera frenará la ola de violencia y asesinatos que padece nuestro país. El razonamiento de Sales considera que solo una causa es el problema: el nuevo sistema de justicia y sus medidas laxas que permiten que una persona detenida por portación de armas siga su proceso en libertad. Pero las razones de la violencia inédita que vivimos en México van más allá. No es el nuevo sistema de justicia el que echó a perder la calma en la que al parecer vivíamos. Es la impunidad, la corrupción de las autoridades, la cultura que nos dice que, aunque presentes tu denuncia, de nada servirá. Está bien que busque el gobierno federal una reforma, pero evidentemente, eso no solucionará el problema. Y bueno, parte de esa catástrofe nacional es el pésimo estado de los centros penitenciarios. El gobernador Omar Fayad dijo que su gobierno prepara una iniciativa para reformar la Ley de Ejecución de Penas del país, con el fin de fortalecer el sistema penitenciario. Ojalá que cuando avance su propuesta, no sea demasiado tarde.

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