Ofrece SFP abrir base de datos

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La información estará disponible a partir del 30 de junio

ROLANDO HERRERA / AGENCIA REFORMA
Ciudad de México

Después de la que la ONG Data Cívica pusiera a disposición del público 2.6 millones de declaraciones patrimoniales de 400 mil funcionarios federales, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ofreció abrir la base de datos que contiene esa información.
En un comunicado, la dependencia informó que, a partir del 30 de junio, la SFP pondrá a disposición de la sociedad toda la información pública, en datos abiertos, de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, contenidas en el sistema Declaranet.

Actualmente, esas declaraciones están consultables públicamente, pero solo se puede acceder a ellas de manera individual; es decir, digitando el nombre del servidor público y el documento al que se accede está en formato PDF, lo que dificulta su procesamiento estadístico.
“Cabe precisar que desde 2003 el Sistema Declaranet cuenta con el portal www.servidorespublicos.gob.mx, que permite consultar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses presentadas por servidores públicos de la administración pública federal, con la información que expresamente aceptaron dar a conocer”, indicó la dependencia.

El año pasado, una particular intentó a través de una solicitud de transparencia obtener la base de datos que contiene las declaraciones; sin embargo, la SFP contestó en aquel momento que Declaranet no era una base de datos y que cumplir con el requerimiento formulado implicaría 221 días naturales de trabajo y un costo de un millón 560 mil pesos.

Debido a que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que estuvo vigente hasta julio de 2016, dejaba a potestad de los servidores públicos hacer pública su relación de bienes, 73 por ciento de las la declaraciones contenidas en Declaranet no contiene esa información.
La ley vigente establece que es obligatoria esa publicidad; sin embargo, el comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción no ha aprobado los formatos en los cuales se establecerá qué información será pública y cuál reservada.

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