Javier Sánchez Lazcano
Área académica de derecho

Una de las demandas sociales es el acceso a la justicia gratuita, completa, pronta y expedita, pero por otra parte los recursos económicos y humanos con los que dispone el Estado son insuficientes y lo seguirán siendo si las medidas que se adoptan no son las idóneas.
Las medidas para mejorar la capacidad de los sistemas judiciales han sido: aumento de cobertura, ajustar los procedimientos e incorporar técnicas de gestión (Vargas Viancos, 2006), las dos primeras han sido ineficientes.
Crear más juzgados, en la experiencia chilena, ha generado más retraso en la tramitación de los expedientes, entre 1982 y 1992 se cuadriplicaron los tribunales civiles en Santiago, en el mismo lapso la duración de los procesos aumentó. Un juicio ordinario, que en promedio tardaba 805.59 días, pasó a demorarse mil nueve días (Cerda, 1992). Lo que ocurre es que entre más tribunales existan se disminuye la productividad; es decir, el aumento de presupuesto no ha estado vinculado a modificaciones en el trabajo judicial. Es claro que en algunas ocasiones el aumento de juzgados es indispensable pero no es la única opción.
Para agilizar la impartición de justicia se ha optado por reducir los plazos que se conceden para las distintas acciones; sin embargo, regularmente no existe una base razonable u objetiva para delimitar los plazos, ese tipo de soluciones genera disminución en la calidad de impartición de justicia, porque se prioriza hacer el trabajo más rápido y no de calidad y la falta de ésta hace que el trabajo se tenga que realizar por dos o tres ocasiones más, lo que genera que la “rapidez” con la que se había hecho el trabajo no sea tal.
La inconveniencia de las soluciones tradicionales y por la experiencia en la reforma de otros sectores de la actividad estatal se considera que la mejor manera de responder a esta necesidad es la incorporación de las técnicas de gestión.
Lo anterior implica un cambio radical en la forma de organización y de trabajo de los tribunales; lo que plantea esta opción es que los recursos disponibles deben aprovecharse para lo que están destinados, las técnicas de gestión implican definir el espacio propio del judicial, de tal manera que los juzgadores resuelvan conflictos y el personal administrativo auxilie en los aspectos administrativos. En ese sentido, Pastor refiere que una de las causas de la ineficiencia judicial tiene que ver con el uso indebido de los órganos judiciales, esto es, se utilicen para lo que no deben, y en consecuencia, ocupados en ello no desempeñan el papel que debieran como órganos de adjudicación de aquellos conflictos para los que la vía judicial es indispensable (2003, p. 5).
Por otra parte, es fundamental determinar la forma de actuación de jueces y funcionarios de apoyo para especificar los modelos de organización administrativa; en este esquema se deja la estructura de un juez, con secretarios de acuerdos, actuarios y personal administrativo para en su lugar crear un grupo de jueces con un conjunto de personal administrativo que pueda atender sus requerimientos de manera estandarizada.
Lo anterior exige la implementación de manuales de procedimientos en los que se homologue el trabajo administrativo para que la forma en que se tramita la celebración de una audiencia presidida por un juez sea la misma para todos los casos y que dentro de las funciones del personal de apoyo se excluyan de manera absoluta y de cualquier manera los aspectos jurisdiccionales; desde el punto de vista de la gestión, esta mezcla de funciones afecta la profesionalización.
El mayor reto para cumplir ese objetivo es generar un cambio de cultura laboral, como se ha hecho en el ámbito empresarial, por ejemplo, Ed Catmull explica algunas características de lo que denomina el Braintrust, un método que utiliza Pixar para mejorar sus películas, que entre sus características encuentra que se hace una crítica del trabajo con franqueza, honestidad y tiene como objetivo sacar a la luz causas reales de los problemas y no exigir una solución específica, las palabras se centran en los problemas, no en las personas, en este esquema la franqueza está por encima de la jerarquía (2015, p. 113); optimizar los sistemas de justicia requiere de este tipo de ejercicios en los que se identifiquen los problemas de rezago y quienes intervienen asuman sus responsabilidad con un objetivo común: mejorar la impartición de justicia.

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