El robo de combustible en Hidalgo cobró otra víctima fatal. Esta vez de manera directa una persona perdió la vida a consecuencia de la explosión de una toma clandestina en San Agustín Tlaxiaca. Pánico causó la conflagración ocurrida la madrugada de ayer en la comunidad de Tornacuxtla. Decenas de habitantes fueron desalojados, mientras cuerpos de emergencia sofocaban las llamas, visibles desde varios kilómetros a la redonda. Si bien este municipio metropolitano, localizado a escasos 20 kilómetros de la capital del estado, no está catalogado como uno de los focos rojos en cuanto a robo de hidrocarburo a través de tomas clandestinas, no escapa de los tentáculos de la delincuencia organizada. De acuerdo con los primeros reportes, en el lugar fue hallada una camioneta junto con el cuerpo calcinado de una persona, no hubo daños materiales, pero sí extensas sospechas entre quienes saben que el robo de combustible gana terreno al discurso oficial. Es claro que esta práctica no da tregua, que a pesar de los esfuerzos interinstitucionales la ordeña de ductos se fortalece en comparación con los flacos recursos municipales que se destinan para seguridad. Para poner en contexto: de acuerdo con Petróleos Mexicanos (Pemex), el robo de hidrocarburos en Hidalgo dejó en los últimos cinco años pérdidas superiores a 680 millones de pesos, derivado de más de 200 tomas clandestinas. En enero pasado, el gobernador Omar Fayad pidió al director general de Pemex José Antonio González diseñar una estrategia de seguridad para evitar el robo de combustible en la entidad. Antecedido a esa solicitud, el mandatario anunció la llegada de la gendarmería a Cuautepec, municipio donde en los últimos cinco meses se detectaron 26 tomas clandestinas y varios muertos por rencillas entre huachicoleros; tres en enero, entre ellos una menor de edad. Pero el saqueo no para, la delincuencia organizada es de tentáculos lacios, difíciles de mutilar, para ello la federación, el estado y los municipios deben trabajar en una estrategia articulada con la inyección de presupuesto suficiente y la inteligencia necesaria del Estado. De filón. Dice la Contraloría que el objetivo real del Sistema Estatal Anticorrupción no es meter a funcionarios públicos a la cárcel, sino desactivar las redes de corrupción. Y claro, para ello cambiar el chip de los ciudadanos será el principio de este titánico trabajo.

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