Las niñas, adolescentes y mujeres se han visto expuestas a una serie de violencias que cada vez resultan más graves, tal es el caso de la violencia sexual

ALMA DÍAZ ROJO*

Las niñas, adolescentes y mujeres se han visto expuestas a una serie de violencias que cada vez resultan más graves; tal es el caso de la violencia sexual, un problema de salud pública muchas veces ignorado o invisibilizado debido a que dolorosamente, en la mayoría de las ocasiones, este acto ocurre dentro de las paredes de un lugar que debería considerarse seguro como el hogar, la escuela o el trabajo, a plena luz del día, sin distinción de edad y generalmente realizado por alguien cercano.

En ocasiones, como si el impacto psicológico del delito no fuese suficiente, existen otras consecuencias como un embarazo producto de una violación. En dicha situación, ¿qué sucede en Hidalgo si la decisión de la mujer es interrumpirlo?
Haciendo un recuento histórico, antes de 2016 el código penal de Hidalgo establecía que para poder acceder a la interrupción del embarazo por la causal de violación, la mujer debía denunciar el delito antes de saberse embarazada, lo cual no sucedía frecuentemente.

Cuando la víctima sí denunciaba los hechos, era revictimizada por agentes del Ministerio Público (MP) a través de un constante cuestionamiento de las situaciones que “la llevaron” a ser víctima de una violación.

Además, debía practicarse un peritaje médico para la comprobación del cuerpo del delito, lo cual en muchas ocasiones también era revictimizante. Finalmente, para poder realizar el procedimiento el agente del MP o un juez debían autorizar el aborto y practicarse dentro de los primeros 90 días de embarazo.

Esa situación era en extremo preocupante, puesto que las mujeres veían aún más limitados sus derechos y por tanto su salud al ser objeto de diversas violencias.

Quienes decidían no denunciar, no podían acceder a una interrupción legal del embarazo y ejercían su maternidad muchas veces desde el miedo, el trauma y la frustración, u optaban por servicios clandestinos, poniendo en riesgo su salud.

Sin embargo, en marzo de 2016, tras la modificación a la norma oficial mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres, sus garantías fueron reconocidas desde una perspectiva de género y derechos humanos.

El numeral 6.4.2.7 de la NOM establece que las mujeres pueden solicitar la interrupción bajo protesta de decir verdad de que su embarazo es producto de una violación; las adolescentes mayores de 12 años pueden solicitarla sin el consentimiento del padre, madre o tutor legal.

No es requisito denunciar la violación para recibir el servicio y el personal de salud que participe en el procedimiento no está obligado a verificar el dicho, lo que significa actuar de buena fe. Por último, la interrupción legal deberá ser durante los primeros 90 días de embarazo en el caso de Hidalgo.

Así, en todo el país el aborto por violación es legal, puesto que las normas oficiales tienen un nivel jerárquico más alto que los códigos estatales. Igualmente, debe aplicarse bajo el principio propersona, es decir, que los servidores públicos deben preferir la norma o la interpretación más favorable a la persona en materia de derechos humanos.

No obstante, a pesar de ese marco legal los hospitales públicos de Hidalgo no lo cumplen. Hay una constante lucha por garantizar la atención y acción a las mujeres víctimas de violencia sexual. Son igualmente violentadas cuando ultrajan sus cuerpos que cuando no respetan su derecho a decidir, excusándose bajo el principio conocido como objeción de conciencia de servidores públicos.

En días pasados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la NOM 046 y afirmó: “El Estado debe garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo en casos de violación con rapidez y sin imponer requisitos; debe haber una reparación plena, integral y efectiva”.

Ahora queda vigilar y documentar cómo actúa el personal de salud en cada rincón del estado cuando deban acatar esa NOM en apoyo a las mujeres y niñas víctimas de violación sexual.

  • En México se cometen al menos 600 mil agresiones sexuales cada año
  • Nueve de cada 10 víctimas de esos casos son mujeres y cuatro de cada 10 son menores de 15 años
  • Además en las procuradurías locales y la federal, desde enero de 2009 hasta junio de 2016 recibieron 70 mil 630 denuncias por violación sexual, de las cuales solo fueron reportados 62 procedimientos de aborto bajo esa causal
  • Hidalgo ocupa el lugar 14 a nivel nacional en número de nacimientos en menores de 10 a 14 años
  • En 2017, 12 por ciento de las menores y adolescentes atendidas por embarazo terminaron en aborto
  • En el país, el aborto inseguro es la cuarta causa de muerte materna

Situación legal

  • Solo en la Ciudad de México puede accederse a una interrupción de la gestación voluntaria hasta la semana 12
  • En el resto del país existen excluyentes de responsabilidad para acceder a un procedimiento seguro, que se traduce en discriminación jurídica
  • En los 32 estados está permitido el aborto derivado de un acto de violencia sexual o violación

Justicia social

  • Las mujeres abortan independientemente de la situación jurídica
  • Las personas en situación de vulnerabilidad acceden frecuentemente a procedimientos inseguros
  • Promover la legalización del aborto significa estar a favor de la vida y la salud
  • La penalización social genera sentimientos de culpa y aislamiento en quienes deciden interrumpir un embarazo
  • Penalizar el aborto limita las opciones de decidir de las mujeres sobre la maternidad, legalizarlo permite que exista el marco normativo y sea cada mujer quien decida sobre su vida y su cuerpo

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