En México la ley se aplica con diferentes raseros. La relación entre el sector privado y el público generalmente produce situaciones que conllevan conflictos de interés, y esto se hace evidente cuando funcionarios públicos forman parte o tienen relación con directivos o socios de empresas. Y cuando es en el sector de la construcción, abundan los ejemplos de relaciones viciadas por la cercanía entre funcionarios y empresarios, a tal grado que a veces llegan a mimetizarse. En Hidalgo uno de los casos más escandalosos fue el que dio a conocer este diario, cuando a través de una denuncia ciudadana nos enteramos del conflicto de interés entre empresas del Grupo Rico y la presencia de miembros de esa familia en el gobierno estatal, en áreas que tienen que ver con la autorización de licencias de construcción. Hoy, después de haber denunciado hace algunos años incumplimientos y defectos registrados en el fraccionamiento Esmeralda, la controversia vuelve a ese mismo conjunto habitacional, pues la empresa constructora ahora pretende conectar el drenaje de una plaza comercial a esa zona. Los vecinos, como era de esperarse, se inconformaron y levantaron su queja ante la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim), instancia que, adivinó usted, no les ha dado respuesta pese a que ya pasó casi un año. Ayer, mismos vecinos impidieron que siguieran los trabajos y mientras eso sucedía llegó personal de la alcaldía de Zempoala para impedir que continuaran las obras ante la supuesta falta de orden en los permisos. Habrá que ver en qué termina ese embrollo, pero lo que sí es que una vez más se asoma un tufo autoritario provienente de esa ventajosa relación entre empresa privada y poder público, gracias a la cercanía de una familia en ambas esferas. De filón. En tiempos de elecciones, surgen de la nada benefactores y políticos que de repente se dan cuenta de qué tamaño es su amor por la ciudadanía y el bien común. Y en ese sentido, surge la pregunta respecto a cuál fue el origen de cerca de 50 mil pesos que habría costado el programa Casa amiga de salud básica, impulsado por la recién creada fundación Tú y Yo Creciendo Juntos, encabezada por el exfuncionario de gobierno estatal Israel Félix Soto y su esposa Shadia Martínez Lozada.

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