Al igual y como ocurre en toda la entidad, la percepción de inseguridad en la capital del estado también va a la alza. Apenas el 10 de abril este diario publicó que Hidalgo bajó seis lugares en la percepción de paz a nivel nacional, al pasar del primer lugar en 2016 al sexto en este 2018, esto de acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz (IEP). A este indicador se suma el resultado que dio a conocer ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) respecto a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) y que, en el caso de Pachuca, indica que de diciembre de 2017 a marzo de 2018 la percepción de inseguridad aumentó de 63.4 a 68.6 por ciento. Esta caída significa una alza de 5.2 puntos porcentuales tan solo en el último trimestre. Aunque el descalabro es mayor si tomamos como referencia el resultado obtenido hace un año: mientras en marzo de 2017 la percepción de inseguridad
era de 62.3 por ciento, en marzo de este año llegó a 68.6, un crecimiento de 6.3 puntos porcentuales. Pero más allá de las cifras, lo que nos dice este indicador es que casi siete de cada 10 pachuqueños ya perdió eso que en teoría deben tutelar los gobiernos: la tranquilidad, la seguridad. Esto no es un tema nuevo y lo preocupante es que la actual administración estatal ya echó a andar un plan denominado Hidalgo Seguro que, a más de ocho meses de distancia, no ha dado resultados. El gobierno estatal, y por supuesto los municipales, en coordinación con el federal, deben sentarse y revisar qué es lo que no está funcionando. No es aceptable que la ciudadanía esté pagando la inacción gubernamental o una estrategia que a todas luces no funciona. La pregunta es si los gobiernos actuales dejarán que terminen las elecciones del próximo primero de julio para hacer o mejorar el actual plan o si dejarán que la inseguridad siga ganando puntos. De filón. Un ejemplo de que el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) ha sido un gran negocio, aunque no precisamente para la ciudadanía, es que el exsecretario de gobierno en el sexenio de Manuel Ángel Núñez Soto, Aurelio Marín Huazo, cobró tan solo en 2017 2 millones 300 mil 568 pesos por brindar “servicio de asesoría especializada en gestión social”, esto como parte, suponemos, del complicado entramado que implica la construcción de la nueva terminal aérea. Vaya, de que hay beneficios, los hay.

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