-Lozoya promete escupir la sopa
-Hoy, todo es capital electoral
-Famsa, quiebra por $80 millones
“La tierra que no es labrada llevará abrojos y espinas, aunque sea fértil. Así es el entendimiento del hombre”

Santa Teresa de Jesús, religiosa española Los tentáculos de la corrupción de la empresa brasileña Odebrecht llegan a 10 países de América Latina.

Sobornos y corrupción fueron las herramientas para hacer grandes negocios en infraestructura y el sector energético. Ampliaron sus lazos a África, con Angola y Mozambique. Miles de millones de dólares llegaron a los políticos de esas dos naciones, así como de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos. Guatemala, Panamá, Perú, República Dominicana, Venezuela y, obviamente, México.

La corrupción llegó a los impolutos izquierdistas brasileños Luiz Inácio Lula Da Silva, su pupila y sucesora Dilma Rousseff, así como a otras figuras políticas de América Latina como el expresidente peruano Alan García, quien terminó por suicidarse. Y de Perú todavía investigan a los también expresidentes Alejandro Toledo, quien pasó por la cárcel 18 meses, y Ollanta Humala.

Las pesquisas las lleva Estados Unidos, país que destapó una cadena de actos de corrupción de un gran número de políticos. En Argentina, los gobiernos de los socialistas Néstor y Cristina Kirchner, impulsaron negocios por varios millones de dólares a esa constructora. Entregaron dinero a varios políticos del kirchnerismo.

Pero en México solo hay un detenido. El exdirector de Pemex Emilio Lozoya, quien, desde la campaña de Enrique Peña Nieto inició contactos con funcionarios de la constructora brasileña. Presuntamente Odebrecht habría entregado a Lozoya como soborno 10.5 millones de dólares para ganar contratos de obras públicas en la construcción de instalaciones de Pemex.

Incluso ya durante su sexenio, Peña recibió al presidente de la constructora. Los ejecutivos de la empresa hablaron con gobernadores de todo el país. Estos recibían favores y “compensaciones en efectivo”. Así se hicieron varias obras en varias entidades del país. Aún no se sabe la cantidad de dinero que entregaron a políticos mexicanos, porque las pesquisas se han enfocado únicamente sobre Lozoya.

Son decenas de millones de dólares entregados a políticos mexicanos y para campañas electorales, me comentó hace dos años un funcionario de la entonces Procuraduría General de la República, quien tuvo acceso a documentos de la Corte Federal de Nueva York, donde se lleva a cabo la investigación de la corrupción política y administrativa. Se estima que se inició en 2001 y terminó en 2016, al destaparse la corrupción.

Gobernadores como Javier Duarte no tenían empacho en fotografiarse con ese grupo, después de hacer negocios con información privilegiada. Compraban terrenos cercanos a las zonas donde había obras y los revendían a precio de oro.

El anuncio hecho por el gobierno mexicano de la extradición de Lozoya a México implica que varios grupos políticos estén nerviosos. El motivo no es menor. Lozoya tiene información que le proporcionaban en Odebrecht sobre algunas obras en el país.

Uno de los casos que están en la mira es la licitación de la filial de Pemex Tag Pepelies, en el gasoducto Los Ramones, que pasa por los estados de Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas. El contrato era de casi mil millones de dólares y lo ganó Odebrecht. Por esta obra pagaron un soborno de 10 millones de dólares. El 1 por ciento.

Lo que diga Lozoya será, más que un asunto para ir contra los corruptos, un instrumento para manejar la información política para las próximas elecciones. Todo es electoral a partir de estos momentos.

Poderosos caballeros: el consorcio Famsa fue fundado en Nuevo León por Humberto Garza González hace medio siglo. Hasta el viernes operaban 379 tiendas de venta al menudeo en el país y 22 en Estados Unidos; un banco desde 2007, enfocado a ventas al menudeo y Pymes. Banco Famsa, según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que preside Juan Pablo Graf, revocaron su licencia, debido a una gestión de riesgos inapropiada, operaciones y créditos otorgados a personas relacionadas al grupo, por encima de los límites regulatorios, registros indebidos de dichas operaciones e incumplimiento recurrente de diversas disposiciones normativas. El gobierno federal afirma que no erogará un solo peso de recursos públicos para salvar a los casi 600 mil ahorradores del banco, aunque dice que están resguardados por el IPAB. La gota que derramó el vaso fue un llamamiento de las autoridades hacendarias. Derivado de los actos de vigilancia iniciados este año, se le comunicó a Banco Ahorro Famsa un faltante de reservas del producto denominado “Tarjeta Famsa” por 80 millones de pesos. Para un banco, sea del tamaño que sea, 80 millones de pesos no es significativo, pero fue el motivo para acabar con esa institución. Medio millón de ahorradores viven ahora en gran angustia. Si marcan por teléfono a las líneas que ofrece el gobierno, no contestan. ¿Cuánto recuperarán de cada peso invertido? Hoy no se sabe y pasará mucho tiempo hasta conocer la realidad.

The Rise Fund, un fondo de inversión de impacto global gestionado por la firma de activos alternativos TPG, adquirió uno gigavatio de proyectos de energía solar fotovoltaica procedentes de la empresa Trina Solar, con sede en Changzhou, China. Los proyectos solares fotovoltaicos incluidos en la operación se ubican en España, Chile, Colombia y México.

Responsabilidad social corporativa: GINgroup, de Raúl Beyruti, diseñó un programa para apoyar a las Startups y Pymes desde la estrategia hasta la operación, para acelerar su posicionamiento en el mercado, rediseñar y pilotear sus productos y servicios y hacer más eficientes sus operaciones. Con ese objetivo, GINnovation, organización especializada en innovación y servicios digitales dirigida por Adriana Torres Nava, ha diseñado, en conjunto con aliados estratégicos, talleres y webinars con temas de liderazgo, organización, cultura, normatividad fiscal y laboral; ventas, atención a clientes, mercadotecnia digital, estrategias de emprendimiento, innovación, metodologías ágiles, inteligencia de negocios, seguridad de la información y herramientas tecnológicas; y colaboración que en los casos de teletrabajo y aulas digitales resultan muy útiles con inversión mínima o nula.

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