El movimiento antigasolinazo aún provoca efectos colaterales en nuestra entidad. En Ixmiquilpan se formó el denominado Movimiento Pacífico contra el Gasolinazo que, entre otras cosas, mantuvo bloqueada la carretera México-Laredo desde los primeros días de este año y que aún impide la apertura de tiendas de autoservicio que fueron víctimas de saqueos y ataques durante las primeras manifestaciones. Hoy, cuando ya pasaron más de tres semanas desde las primeras protestas en Ixmiquilpan, trabajadores cuyos centros de empleo se encuentran cerrados salieron a las calles para exigir su derecho a laborar. Junto con familiares y simpatizantes, los inconformes dijeron estar en contra del aumento al precio de combustibles pero reclamaron a los activistas antigasolinazo que no los dejen trabajar. Los llamaron a permitir que las tiendas, entre ellas Comercial Mexicana y Aurrera, abran sus puertas, pues de ellas dependen sus ingresos. Ayer algunos trabajadores relataron, durante una protesta, que han tenido que buscar trabajo en alguna sucursal de las tiendas que hoy están cerradas, lo que les perjudica. Aquí cabe otra pregunta que estuvo latente desde los primeros días de las protestas cuando hubo decenas de bloqueos en toda la entidad: ¿por qué afectar a personas que nada tienen que ver con la aprobación del aumento a las gasolinas? ¿Por qué tienen que pagar los empleados de las llamadas erróneamente “tiendas trasnacionales” de Ixmiquilpan? Quienes deben dar cuentas o al menos informar por qué permitieron el aumento de los impuestos a las gasolinas son los legisladores federales. O en todo caso, el presidente de la República y el secretario de Hacienda, quienes enviaron la propuesta al Congreso de la Unión. ¿Por qué no ir a visitar a los diputados de sus distritos? A ellos son a los que deben buscar y pedir cuentas. De filón. Otro efecto colateral de las protestas antigasolinazo fue las muerte de Freddy Cruz García y Alan Gutiérrez Contreras, esto durante un enfrentamiento entre pobladores de Ixmiquilpan y policías federales el 5 de enero. Según un activista, el gobierno y el Movimiento Pacífico contra el Gasolinazo casi llegan a un acuerdo que incluiría la inclusión de los familiares de las víctimas en programas sociales.

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