Vale la injerencia del Poder Ejecutivo en los asuntos del Poder Legislativo? Es evidente que, en la impronta que les provocó el conflicto doméstico del PAN, contagiándoles el factor fiscal como argumento para frenar el quehacer legislativo en la Cámara de Diputados, los coordinadores de tres bancadas pidieron la intervención de alguien ajeno a su soberanía para arreglar un asunto que solo es competencia de ellos.
Este martes vence el plazo previsto en la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, que refiere la ampliación del periodo de la mesa directiva cameral hasta el 5 de septiembre, una vez que no haya sido elegida la nueva directiva.
Esa situación priva en la cámara baja, mientras en el Senado, de donde parte el conflicto de la designación del fiscal general de la República, la bancada del PRI cedió al PAN el espacio que le correspondía en la presidencia senatorial del último año de la 63 Legislatura, factor que acabó por fracturar a la estructura albiazul presidida por Ricardo Anaya.
¿No quieren que en automático el procurador general de la República Raúl Cervantes se convierta en el fiscal general de la República durante los próximos nueve años? Entonces por qué en su momento no analizaron, discutieron y aprobaron una ley que hoy se ha convertido en factor de cobro de cuentas del joven Anaya Cortés, contra la que asegura es embestida del gobierno federal que ha evidenciado su enorme fortuna personal y la de su familia política.
Pero, vaya, el caso es que el viernes primero de septiembre no asumió funciones la mesa directiva de la Cámara de Diputados, en cuya presidencia fue elegido el diputado yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín, simplemente porque la bancada del PAN se ausentó de la sesión previa y, por ende, no hubo la mayoría calificada del pleno para elegirla.
“No es contra ti, estimado Jorge Carlos; te respetamos”, dijo Marko Cortés, coordinador de la bancada del PAN, al priista que de hecho es el presidente cameral del último año de la 63 Legislatura en la cámara baja.
Si no es personal, sí suma a Ramírez Marín al blanco de Acción Nacional y ahora del PRD y de Movimiento Ciudadano en esta cruzada antifiscal que tiene más tufo a la venganza personal y la mecánica de obligar al Poder Ejecutivo federal a involucrarse en asuntos que no son de su competencia. ¿No pueden los diputados federales de esas tres bancadas arreglar un problema en la negociación doméstica con el PRI, el PVEM y Nueva Alianza?
Parece que no.
Porque, mire usted, la noche de este lunes, la presidenta en funciones de la Cámara de Diputados, la legisladora panista María Guadalupe Murguía Gutiérrez, invitó al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y a los coordinadores de los ocho grupos parlamentarios de ese órgano legislativo a establecer un diálogo público.
De acuerdo con el comunicado que la oficina de prensa de la cámara baja difundió anoche, Murguía Gutiérrez explicó que la invitación es en atención a la petición de los coordinadores de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, con el fin de buscar acuerdos sobre la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 16 transitorio del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución en materia político-electoral, presentada al Senado por el presidente de la República.
“En las misivas enviadas la tarde de hoy (ayer) al secretario Osorio Chong y a los coordinadores de los grupos parlamentarios, la diputada Murguía Gutiérrez explica que esta reunión ha sido solicitada por los coordinadores de tres partidos en San Lázaro con carácter de urgente y pública, al considerar la ‘situación extraordinaria’ que se está viviendo en la Cámara de Diputados, la cual requiere diálogo y definiciones.”
De acuerdo con el texto, “la reunión pueda llevarse a cabo este 5 de septiembre a las 9 horas, previo a la sesión de pleno convocada para esta fecha, y “puede” porque, por lo menos a la hora de escribir esta columna, no había respuesta de la Secretaría de Gobernación.
Por de pronto, César Camacho Quiroz, coordinador de la diputación federal del PRI, calificó como capricho y chantaje del PAN al tema del fiscal, que junto con los referidos tres partidos tienen secuestrado al Poder Legislativo.
Además, y esta es la parte medular, Camacho aludió a esa solicitud de que intervenga el Poder Ejecutivo en un asunto doméstico de una de las cámaras que integra al Poder Legislativo.
“No permitiremos que autoridad alguna externa a la Cámara de Diputados venga a arreglar una eventual crisis constitucional, que se presente por la irresponsabilidad de quienes buscan secuestrar esta instancia legislativa a fin de proteger a un dirigente partidista que ha sido acusado de corrupción junto con su familia”, acotó Camacho.
Además, a Francisco Martínez Neri, coordinador de los diputados federales del PRD, quien preside a la junta de coordinación política, debiera convocar a una reunión para buscar solución al conflicto que amaga con la parálisis legislativa; incluso el coordinador de la bancada del PAN Marko Cortés, quien debiera presidir a la Jucopo.
¿Irá Osorio Chong al palacio legislativo de San Lázaro? Camacho Quiroz atendió: “No vendrá, porque no tiene a qué venir, ya que no le corresponde solucionar un problema que compete exclusivamente a los diputados”. Conste.

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