Ayer se dio a conocer por parte de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) la encuesta Data Coparmex, que tiene como objetivo observar el comportamiento del optimismo de los empresarios sobre la situación económica del país y de sus empresas. El indicador mide del cero al 100 la confianza que tienen los empresarios para invertir. Pues bien, el resultado del ejercicio aplicado en agosto muestra que en Hidalgo la confianza va a la baja, pues de estar en 52.17 por ciento durante enero, el indicador se situó el mes pasado en 50.01. Si desagregamos la confianza por sector, tenemos que la industria de la construcción registró el nivel más bajo con 48.3 puntos porcentuales; después se ubicó la manufactura (49.9) y al final el comercio, con 50.8. La caída del nivel de confianza empresarial en Hidalgo muestra que las cosas no se están haciendo bien desde el sector gubernamental. Si los empresarios desconfían de arriesgar su dinero es porque no están viendo signos de que van a recuperar su inversión y prefieren poner su capital en otros mercados. La llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder fue acompañada de una tensa relación con la cúpula empresarial nacional. La cancelación del aeropuerto en Texcoco y una aparente lentitud en la aplicación del gasto destinado a la inversión pública estarían detrás de la caída en la confianza. En Hidalgo, esta percepción no es diferente y las consecuencias podríamos verlas en próximos meses. Urge que las autoridades, tanto federales como estatales y municipales, ejerzan el gasto público para impulsar a la economía y también es preciso que generen condiciones de seguridad que permitan que los empresarios saquen la cartera. Si no hay inversión no habrá desarrollo ni recursos para financiar los programas sociales que hoy son la apuesta para sacar al país de la espiral de violencia en que se encuentra y para aumentar el nivel de bienestar de la población. De filón. No se entiende dónde quedó la austeridad que pregona el gobierno encabezado por Omar Fayad Meneses cuando decide gastar 87.2 millones de pesos para arrendar 20 camionetas destinadas para trasladar servidores públicos de un puñado de secretarías para la “ejecución de programas y proyectos oficiales”.

Comentarios