La semana pasada, el Congreso de Hidalgo aprobó la reforma electoral, es decir, modificaciones a la ley para actualizar o mejorar las normas que rigen el actuar de partidos políticos, candidatos e instituciones relacionadas con la selección de representantes en los cargos públicos.

Los cambios se dieron para regular, entre otras cosas, la forma de participación de los aspirantes a una candidatura, así como castigar la violencia política contra las mujeres en razón de género; entre los puntos más importantes destaca garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

Pero con la propia aprobación surgen dudas sobre el contenido de esa reforma y si realmente impactará en los sectores a los que busca reconocer y proteger.

¿Qué contiene?

El miércoles de la semana pasada, como parte de una sesión extraordinaria, los diputados locales aprobaron en lo general y dejando fuera cambios en cinco artículos las modificaciones al código electoral, que una vez publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo normarán las elecciones que se avecinan.

La reforma es producto de cuatro iniciativas presentadas en diferentes momentos, entre marzo y agosto, por diputados locales que tienen representación, incluyendo también las consideraciones de los institutos políticos que no cuentan con un lugar en el Congreso.

Dichas propuestas fueron agrupadas y analizadas para dar paso a la reforma que fue presentada el miércoles con el objetivo de modificar cerca de 20 puntos que existen actualmente en el código electoral y que los legisladores consideraron necesario actualizar o cambiar.

En ese sentido, la reforma contempla cuestiones técnicas como ampliar los plazos de registro de candidatos a ayuntamientos, el periodo para que un partido rectifique en caso de la duplicidad de un aspirante y el lapso para subsanar requisitos incumplidos; así como la posibilidad de presentar documentos distintos a las constancias de radicación.

Por otra parte, con la reforma se elevó de 2 a 3 por ciento la votación mínima de una fracción, coalición o candidatos independientes para tener acceso a regidores de representación proporcional y los candidatos a alcaldes y síndicos que no ganen podrán a acceder a una regiduría de ese tipo.

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Además, los congresistas agregaron como causa de nulidad de la elección la utilización de símbolos religiosos o la intervención de ministros de culto a favor de las candidaturas o partidos ganadores.

La reforma electoral también incrementó de uno a tres los debates que deberá organizar obligatoriamente el Instituto Estatal Electoral (IEE) en el caso de la gubernatura, y mantuvo en uno el que deberá realizarse a diputados y alcaldes.

Mientras que también fueron modificados algunos lineamientos para la operatividad del IEE, entre ellos las funciones de los trabajadores y las labores de su órgano interno de control, así como la creación de la dirección de los derechos político-electorales indígenas y un centro de estudios para la democracia.

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Violencia política contra las mujeres en razón de género

Con la reforma, ahora el código electoral actualizó el concepto de violencia política contra las mujeres en razón de género, y se considera esta toda acción u omisión dirigida contra ese sector poblacional con el objetivo de sesgar, condicionar, impedir, restringir, suspender, limitar, anular, menoscabar o afectar el reconocimiento, goce o ejercicio efectivo de los derechos políticos. También especificaron que dicha violencia puede ser perpetrada por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, fracciones políticas o representantes de los mismos; además de medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un colectivo de personas.

Además, quienes cometan acciones de violencia política contra las mujeres en razón de género, o se vean beneficiados con las mismas, podrán ser sancionados con la pérdida del derecho a obtener el registro como precandidato o candidato, o bien, la cancelación de este en caso que ya lo tengan.

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Autoridades por usos y costumbres

Además de los puntos anteriores, la reforma electoral contempló a uno de los sectores más importantes de Hidalgo: a los pueblos y comunidades indígenas, ello a partir de agregar seis apartados a la ley para garantizar su participación en la elección de cargos públicos, atendiendo así el ordenamiento de las autoridades.

Con esos cambios, ahora la ley garantizará su autonomía, por lo que las autoridades comunitarias de los pueblos y las comunidades indígenas de la entidad podrán presentar ante el IEE la solicitud para el cambio de modelo de elección de sus autoridades municipales por sistemas normativos internos como los usos y costumbres.

Para ello, la solicitud deberá ser suscrita por el 50 por ciento más uno de las autoridades comunitarias indígenas del municipio y deberá ser presentada cuando menos dos años antes de la elección en la que se busque cambiar el sistema, y en ese caso, el IEE implementará una consulta para validar el cambio de modelo.

Referente a las elecciones por sistema de partidos, en los municipios con un porcentaje de población indígena de 35 a 50 por ciento los institutos políticos deberán postular propietarios y suplentes indígenas en cuando menos 35 por ciento de su planilla.

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En los que el porcentaje sea de 50.01 a 65, los partidos deberán postular propietarios y suplentes indígenas en cuando menos 50 por ciento de su planilla; mientras que en los que tengan un porcentaje de población indígena mayor a 65.

01 y hasta 80 por ciento, los grupos políticos deberán postular propietarios y suplentes indígenas al menos en 65 unidades porcentuales de su planilla.

Finalmente, en aquellos municipios con un porcentaje de población indígena mayor de
80.01, los partidos políticos deberán postular propietarios y suplentes indígenas en cuando menos 80 por ciento de su planilla y se utilizará la autoadscripción indígena calificada para asegurarse que los aspirantes pertenecen a la comunidad.

Por otra parte, los grupos políticos postularán únicamente candidatas y candidatos indígenas en aquellos distritos electorales que sean calificados como tal por el IEE.

Además, los pueblos y comunidades indígenas de Hidalgo podrán solicitar el registro de candidato a gobernador siempre y cuando lo requieran 70 por ciento de las autoridades comunitarias indígenas.

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Sin consulta adecuada

Previo a la reforma, el Congreso local realizó el 5 de agosto, por mandato de ley, una consulta para conocer la opinión de los pueblos y comunidades indígenas al respecto, ello a través de asambleas regionales en Ixmiquilpan, Huejutla, Molango, Tenango, Zimapán, Tulancingo y Tepeji.

Sin embargo, para el profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) Germán Vázquez Sandrín la legislatura perdió la oportunidad de realizar una consulta con estándares internacionales.

Eso porque el trabajo del Congreso contempló foros más que asambleas, mismos que fueron realizados en lugares lejanos a donde se encuentra la población indígena, y debieron convocar a cada una de las mil comunidades de Hidalgo, informar sobre la reforma, que el sector aportara sus consideraciones y entonces exponer la iniciativa.

Pese a ello, para el académico de la UAEH la legislatura no falló en consultar a los pueblos y comunidades, pero el dejar pasar la oportunidad de realizar la consulta con los estándares del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) podría traer consigo impugnaciones de la propia población para que se repita el ejercicio.

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Por otra parte, el sociólogo, especializado en estudios de población, consideró, en entrevista con este diario, bueno que ahora ese sector de la población pueda elegir a sus autoridades por usos y costumbres y recalcó que ese sistema no debe ser “una camisa de fuerza” para que realmente decidan por sus propios mecanismos a sus candidatos y autoridades.

Además, detalló que el Instituto Estatal Electoral (IEE) debe ser cuidadoso con las particularidades de cada comunidad y los criterios de autoadscripción para que no imputen formas generales a las comunidades que son diversas.

¿Qué sigue?

La reforma electoral aprobada la semana pasada también dejó fuera situaciones como disminuir el porcentaje de firmas necesarias para las candidaturas independientes y un incremento en las prerrogativas de los partidos; asimismo, eliminó la bonificación a representantes de grupos políticos en casilla, entre otras.

Dichas acciones, de acuerdo con estimaciones del propio Congreso, ahorrarán a la entidad más de 48 millones de pesos y solo es cuestión de tiempo para que entre en vigor y las reformas a la ley puedan ser aplicadas para el proceso electoral 2019-2020, mismo que comenzará el 15 de diciembre y renovará los 84 ayuntamientos.

Es decir, una vez aprobada la reforma en la legislatura (el jueves de la semana pasada), el documento fue enviado al Poder Ejecutivo para que sea publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH) y con ello tenga validez.

Sin embargo, lo anterior deberá ocurrir antes del 15 de septiembre para que pueda aplicar al proceso electoral en puerta, ya que la ley establece que las reformas a la legislatura electoral tienen que realizarse mínimo con 90 días de antelación al inicio del proceso.

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  1. Los congresistas agregaron como causa de nulidad del proceso electoral la utilización de símbolos religiosos o la intervención de ministros de culto a favor de las candidaturas o partidos ganadores
  2. Ahora la ley garantizará la autonomía de los pueblos originarios, por lo que las autoridades comunitarias podrán presentar la solicitud para el cambio de modelo de elección por sistemas normativos internos, como usos y costumbres
  3. No obstante, dejaron fuera situaciones como disminuir el porcentaje de firmas para candidaturas independientes y un incremento en las prerrogativas de las fracciones políticas, entre otras
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