En una época, como la nuestra, donde se habla de derechos y de potencialidad comunicativa sin fronteras hecha realidad, la duda que asalta es: ¿para qué queremos defensorías de medios (sean de lectores o de audiencias)? ¿A quiénes sirven? ¿Qué medios cuentan con ellas? ¿Realmente funcionan en un este mundo virtual, inmediato e inmediatista, perenne?
Todas esas dudas asaltan cuando hablamos de que hay derechos de réplica del público de los diferentes medios, sobre todo porque hemos avanzado y logrado algunas garantías para los emisores, los periodistas por ejemplo, pero habíamos creído y concebido hasta hace apenas un lustro que éramos meros receptáculos de mensajes, público cautivo y pasivo.

Sin embargo, pese a lo que se diga y crea, lo cierto es que la mayoría de los receptores aún no acabamos de entender cómo y por qué deberíamos ser parte activa de los enormes y avasallantes mensajes mediáticos. En ese sentido, los mediadores de medios (defensorías de medios) intentan reactivar y propagar los derechos ganados para ver, oír y leer lo que como ciudadanía merecemos: contenidos de calidad, contenidos producidos bajo líneas básicas de respeto a los derechos de pluralidad, multietnicidad, capacidades diferentes y de género, principalmente. Un esfuerzo equiparable a una lucha descomunal entre David y Goliat.

La parte institucional, formal, de este país para incidir en los derechos del público de medios de ser respetado y valorado como un adulto social es la tarea del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que hace esfuerzos por fortalecer el tema y posicionarlo entre la ciudadanía, en ese objetivo ha hecho investigaciones de consumo mediático y el 11 y 12 de febrero realizó un Seminario para Defensoría de Audiencias con un programa que puso énfasis en el marco jurídico, en la concepción de los derechos del público de medios como derechos básicos humanos y apostó a tocar el caso de los receptores infantiles, con discapacidad y de las mujeres. Para ello convocó a funcionarios del propio IFT y a especialistas de trayectoria como la presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias (AMDA), Beatriz Solís Leree.

Entre los puntos que destacó Solís Leree, también titular de la Defensoría del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y docente de la Universidad Autónoma Metropolitana, no solo fue la historia de las defensorías, primero en medios impresos y luego en los medios electrónicos, sino que mencionó atinadamente el estado de cosas en las defensorías de países latinoamericanos como Argentina, Ecuador, Colombia, Brasil y Uruguay para dimensionar la importancia del poder o no garantizado a los prosumidores de los contenidos de medios.

En el caso de nuestro país, la maestra explicó puntualmente lo que ha pasado legalmente con la figura de defensoría de medios a partir de la reforma de telecomunicaciones de 2017. Una modificación que desdibujó la potencialidad de las defensorías como intermediario y voz de los diferentes públicos de los medios.

En ese contexto indefinido entre reformas y apelación de inconstitucionalidad expresó e ilustró, por ejemplo, que los concesionarios de medios de radio y televisión en un alto porcentaje aún no designan defensoría a pesar que es obligatorio por ley, sin que a la fecha haya consecuencias o definición alguna: en radio 36 por ciento de las estaciones no cuenta con ella y televisión el 35 por ciento. Cifra, sin duda, que abre paréntesis de sorpresa y duda porque no hay consecuencias pese a la obligatoriedad.

Pese a esa inconsistencia con una obligación no solo legal sino ética y moral, el tema o la duda se concentran en ¿qué pasa? o ¿qué cambia si el 64 por ciento y el 65 por ciento si tienen defensorías en radio y televisión, respectivamente, en cuanto a contenidos? ¿Qué papel juega o qué poder tiene el IFT para que se haga válido y real el papel de la defensoría de los derechos de los públicos de los medios?

Todas esas dudas quedaron en el aire para reflexionar, cuestionar y actuar en un plazo que ya no puede ser a corto sino inmediato porque así es la generación de información en diferentes formatos y distribuida a gran escala dada la alta tecnología con que se cuenta hoy. Y en esa tarea no solo está el IFT o las defensorías y sus defensores, sino instituciones que deben coadyuvar y que, por cierto, asistieron a ese seminario: la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

No basta ya con sensibilizar, ni aludir a derechos y garantías de papel sino tomar acción.

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Josefina Hernández Téllez
Doctora en ciencias políticas y sociales por la UNAM y especialista en estudios de la mujer por El Colegio de México. Periodista colaboradora en medios desde 1987. Defensora de lectores y articulista del diario Libre por Convicción Independiente de Hidalgo. Integrante del consejo editorial de la agencia de noticias Comunicación e Información de la Mujer AC. Docente universitaria desde 1995 en la UNAM. Profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo desde 2008. Integrante y cocoordinadora del grupo de investigación Género y Comunicación en la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Línea de investigación y publicaciones sobre periodismo, comunicación y género.