¿Qué pasa en nuestro país con la procuración y administración de justicia?

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En la exposición de motivos de la reforma sobre el Sistema Penal Acusatorio y Oral, se dijo que era necesario terminar con un sistema corrupto, anacrónico y no funcional; resaltaron sus bondades como sistema garantista, respetuoso de los derechos de la víctima o del ofendido; del imputado teniendo a su favor la presunción de inocencia; su objeto es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen 1; sin embargo, a nueve meses de haberse implementado en todo el territorio nacional vemos que no funciona como debiera.
Las causas son múltiples, pero al analizar los resultados de la Incidencia Delictiva Nacional de los presuntos delitos registrados en el periodo enero-febrero de 2017, publicada por la Secretaría de Gobernación a través de su Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los cuales ascienden a 278 mil 346 delitos, se encienden los focos rojos sobre la eficacia del sistema y la eficiencia de los operadores jurídicos. Ver encabezados como el siguiente: “Torturan por tres años a una mujer en Tenango” 2, al leer su contenido nos enteramos que quien lo hacía era el propio comandante y agentes de la actual Policía de investigación de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo. Igualmente en los noticieros nacionales nos enteramos que “por fallas en el debido proceso, los secuestradores de una menor de edad en Jaltipan, Veracruz, salieron libres a pesar de haber sido detenidos en flagrancia” 3, pero la causa fue la dilación en la puesta a disposición ante el juez de control al haber fenecido el plazo para hacerlo (48 horas), por lo cual se consideró ilegal su detención.
Situaciones como las aludidas se repiten cotidianamente en todo el territorio nacional, ello provoca sentimientos de impotencia, frustración e inseguridad en las víctimas doblemente victimizadas, primero por quienes las han violentado y después por el propio Estado. Así la ciudadanía percibe que la procuración y administración de justicia ha empeorado, situación confirmada por algunos políticos y jefes de policía que ven al nuevo sistema penal como el causante del aumento en la incidencia delictiva. En su opinión los jueces están facilitando la obtención de la libertad de las personas detenidas por ellos, pero por “formulismos legales” son liberadas para seguir delinquiendo.
Para no generar una idea equivocada sobre el particular, es necesario hacer notar que el Sistema Penal Acusatorio y Oral no es ni facilitador ni encubridor de delincuentes, es, como ya se dijo, un sistema garantista de los derechos de todos los gobernados incluidos aquellos que delinquen, en tal sentido, exige una serie de actuaciones apegadas a estricto derecho y cuando no se cumple con ellas, se debe dejar en libertad; en consecuencia, los servidores de la procuración de justicia deben aprender a realizar bien su trabajo para no fallarle a quien tienen el deber de proteger y si fallan, aplicar las sanciones y en su caso penalidades a quienes son omisos en sus funciones.
Sean o no esas las causas del aumento de la incidencia delincuencial, lo cierto es que los resultados son contundentes, basta destacar algunos de ellos:
El Estado de México encabeza la lista con 43 mil 510 delitos; la Ciudad de México con 30 mil 541; le siguen Jalisco con 18 mil 141; Guanajuato 18 mil 468; Baja California 15 mil 828; Nuevo León 13 mil 24; Chihuahua 10 mil 356; Tabasco 9 mil 479; Veracruz 8 mil 358; Tamaulipas 7 mil 878; Puebla 7 mil 749; Guerrero 6 mil 13; Hidalgo 6 mil 893; Michoacán 5 mil 793; Yucatán 5 mil 622; Durango 5 mil 367. El resto de los estados fluctúan entre 4 mil 383 y 2 mil 755 y los estados con menor incidencia delictiva son Nayarit con 700 y Campeche con 312.
Es trascendental destacar que las cifras asentadas se obtuvieron de las procuradurías generales de Justicia y fiscalías generales de las entidades federativas para los delitos del fuero común y la Procuraduría General de la República para los delitos del fuero federal, responsables de la veracidad y actualización de los datos. Los resultados asentados se refieren a los delitos denunciados, faltando aquellos donde el propio gobernado decide no denunciar por miedo a represalias o por considerarlo una pérdida de tiempo.
La cifra negra puede ser igual o mayor a los datos proporcionados; ante tal panorama no debe extrañarnos que los ciudadanos no confíen en las instituciones y se estén haciendo justicia por sí mimos, negando el Estado de Derecho. Es el momento de poner voluntad política para mejorar las instituciones, acabar con la corrupción, aplicar el derecho y poner a operadores jurídicos verdaderamente profesionalizados. El discurso debe guardarse en un cajón y poner manos a la obra si no queremos el fracaso del sistema.

1 Artículo 20, apartado A, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
2 Periódico Libre por convicción, Independiente de Hidalgo. Jueves 23 de marzo de 2017
3 Noticieros del día jueves 23 de marzo de 2017

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