Pasa Ley Atenco primera prueba en Corte

390
atenco

VÍCTOR FUENTES / AGENCIA REFORMA
Ciudad de México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la definición de “agresión real” prevista por el Congreso del Estado de México para justificar el uso de la fuerza pública.
En su primer pronunciamiento de fondo sobre la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en la entidad, conocida como Ley Atenco, el pleno de la Corte afirmó, por seis votos contra cinco, que la definición es suficiente para tener claridad sobre el tema.
El artículo tercero, fracción tercera, que fue avalado por la Corte, define agresión real como “la conducta de la persona que despliega físicamente en acciones que ponen en peligro los bienes jurídicos”.
La mayoría enfatizó la imposibilidad de plasmar, en una ley, infinidad de situaciones fácticas en las que un servidor público puede verse obligado a usar la fuerza, que van desde marchas, manifestaciones y plantones, hasta asaltos o riñas domésticas.
“Exigirle al legislador que tenga una definición perfecta e ideal de agresión real en este tipo de normas sería un ejercicio poco útil para medir la constitucionalidad” de la ley, dijo Javier Láynez.
“Se está pretendiendo que se haga una especie de catálogo de todos aquellos supuestos que implican su aplicación, y esto no puede ser posible, los supuestos pueden ser muchísimos”, agregó Margarita Luna.
La minoría, en tanto, advirtió que la definición no es lo suficientemente clara y viola derechos humanos de seguridad jurídica, pues los propios policías no tienen claro cuándo deben actuar.
Eduardo Medina Mora, quien era titular de la Procuraduría General de la República en 2006, cuando ocurrieron las protestas en San Salvador Atenco, las cuales tres años después dieron lugar a recomendaciones de la Corte para regular la fuerza pública, sostuvo que toda la ley debe derogarse.
“Pretender enumerar en forma exhaustiva cada uno de los posibles escenarios a los que debe enfrentarse alguien que ejerce la función policial es un ejercicio tan fútil como tratar de clavar gelatina en la pared con tachuelas”, manifestó Medina, quien también consideró que se requiere una ley general antes que los estados normen ese tema.
Aunque la mayoría apoyó la propuesta del ministro Alberto Pérez Dayán de aprobar ese artículo, todos se apartaron de la “interpretación conforme” del proyecto, por la cual la Corte agregaría en su sentencia una serie de parámetros, límites y explicaciones para detallar, incluso, cuándo pueden usarse armas letales.
Ministros como Jorge Pardo Rebolledo y Luis María Aguilar fueron claros en que la ley misma aclara esos temas, sin que sea necesario que la Corte le haga mejoras.
“Las circunstancias de modo, lugar y tiempo de hacer uso de la fuerza están delimitadas en la propia ley, no en una interpretación conforme, sino porque sistemáticamente la ley nos lleva a entender y comprender sus alcances”, expuso Aguilar.
Si bien la Corte aún tiene que discutir 12 artículos impugnados por las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos, la votación de hoy prefigura que muchos de ellos no serán anulados.
El proyecto de Pérez Dayán propone anular partes de seis artículos, el más relevante de ellos el 40, que señala el uso de la fuerza como “primera opción” según la situación que se presente.

No votes yet.
Please wait...

Comentarios