Pasa mujer otomí de Sierra a prisión

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MARÍA ELENA CANTÚ /
AGENCIA REFORMA
Ciudad de México.- Julieta es ñuju (otomí), nació en Huehuetla en el corazón de la Sierra Hidalguense. Era una niña cuando su madre la trajo a la Ciudad de México.

Las montañas y cerros, la espesa vegetación bañada por cuatro ríos quedaron atrás para vivir en una de las colonias más peligrosas de la capital. Todavía no cumplía los 12 años cuando se quedó sola, luego de que su madre tuvo que regresar a Hidalgo.

Hoy tiene 23 años. Separada del niño que concibió a temprana edad, se encuentra en la penitenciaría de Tepepan cumpliendo una sentencia de cuatro años seis meses de prisión por el delito de robo a transporte público.

Su caso cumple con los requisitos del programa Liberación de indígenas en prisión, a cargo de la dirección general de equidad para los pueblos y comunidades (DGEPC), de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec).

Se trata de un esquema interinstitucional que revisa los expedientes jurídicos de personas indígenas internas en los centros de reclusión de la Ciudad de México e identifica casos de primodelincuentes cuyo delito no sea grave, explica Juan Eduardo Munguia Muñoz, titular de la DGEPC.

Con el pago de reparación del daño, multas y fianzas para el acceso de formas alternas de solución de conflictos, procedimientos abreviados y beneficios sustitutivos de la pena privativa de libertad, 61 personas indígenas obtuvieron su libertad anticipada en los últimos dos años, 12 de ellas en 2018.

A pocas semanas del cambio de gobierno en la Ciudad de México, Munguia Muñoz estima que no se trata de números, sino de personas que en muchos casos están en prisión sin merecerlo. “Dar un paso atrás es dejarlos en la indefensión”.

En la entrevista, Rubén Castillo Nájera, responsable del área de acceso a la justicia y derechos humanos de la DGEPC, expuso los casos de cinco personas que podrán “obtener su libertad antes del término de la actual administración”.

Los hermanos Jesús y Eliseo de origen otomí se encuentran libres, accedieron al beneficio de la suspensión condicional.

Alejandro fue acusado de un nuevo delito, permanecerá en el reclusorio norte.

Luis Arturo, náhuatl de 22 años, tiene el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, Sederec le apoya en el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 90 del Código Penal para la Ciudad de México, es decir, aval moral, laboral y un arraigo domiciliario.

Julieta sigue en tratamiento psicológico y de desintoxicación en Tepepan. Cuando los concluya, Sederec le asistirá en el trámite de su libertad anticipada. De acuerdo con Castillo Nájera, ella ha dicho que solo quiere regresar a Huehuetla para ver a su abuelo, a su madre y a su hijo.

En su defensa

El programa Liberación de indígenas en prisión ha beneficiado a 61 indígenas que obtuvieron su libertad.

El esquema opera de manera conjunta entre la subsecretaría del sistema penitenciario, la defensoría pública y el Tribunal Superior de Justicia, las tres de la Ciudad de México.

Además de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Sederec.

Entre los requisitos para acceder al programa se encuentran: ser primodelincuente; para el caso de indiciados, procesados o imputados que el delito que se les imputa permita libertad bajo caución.

Para el caso de sentenciados, el delito deberá permitir beneficios para obtener la libertad anticipada. Es decir, que la pena no exceda de cinco años de prisión.

De enero de 2016 a julio de 2018 se han revisado 656 expedientes.

Actualmente, 445 personas indígenas están privadas de su libertad en cárceles capitalinas.

  • La iniciativa, de la dirección general de equidad para los pueblos y comunidades de la Sederec, ha beneficiado a 61 indígenas que obtuvieron su libertad anticipada

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